La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, y diputada local, Isabel Merlo Talavera responsabilizó a las familias y los ciudadanos de los feminicidios que suceden en la entidad, al señalar que es su obligación tener protocolos de comunicación y no ir a lugares que podrían considerarse de riesgo.
“Que las autoridades, pero también los ciudadanos, hagamos conciencia de la necesidad establecer y aplicar protocolos de seguridad, de auto cuidarnos (…) no es un asunto de seguridad pública, es un asunto muy difícil de prever por parte de la autoridad, lamentablemente se siguen dado feminicidios, es un tema que nos preocupa en todo el país (…) tienen que prever en términos de su propia seguridad, la ciudadana tiene que tener previsto algún mecanismo de comunicación con la familia y no ir a lugares que podrían considerarse de riesgo, en este caso fue un particular con un particular, pactando una cita”, dijo en entrevista.
La legisladora enarboló todo este tropezado discurso para eximir a las autoridades de su responsabilidad en los crímenes contra las mujeres, pues a ellos solo les dijo que deben apegare a los protocolos, sin especificar más.
Esta declaración sucede en el contexto del feminicidio de Liliana Lozada, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 21 de enero, tras 17 días de su desaparición. Ella es la cuarta víctima de feminicidio en Puebla, en lo que va del 2022.
En cuanto al bebé encontrado sin vida en el penal de San Miguel, la priísta confió en que las facciones parlamentarias exigirán información al fiscal Gilberto Higuera Bernal, en cuando sea su comparecencia ante el Congreso local.
El 10 de enero fue hallado un bebé sin vida en un contenedor de basura del penal de San Miguel, que fue desenterrado un día antes del panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La primera acción del gobierno de Miguel Barbosa sobre este hecho fue la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Rogelio López Maya.
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