En al menos siete de los municipios más importantes del estado de Puebla, existe un daño patrimonial debido a que las pasadas administraciones no comprobaron el manejo y destino de millones de pesos durante 2020, razón por la que enfrentarían responsabilidades administrativas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó en el informe de las cuentas individuales de la cuenta pública del 2020, que hubo irregularidades por la falta de transparencia y comprobación del uso de los recursos, en los distintos rubros en los que fueron etiquetados.
De los ayuntamientos más relevantes de la entidad hay opacidades en Puebla, Tehuacán, Atlixco, Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula.
En Puebla capital se hicieron las mayores observaciones, ya que la gestión de Claudia Rivera Vivanco no comprobó de manera suficiente el uso de 821 millones de pesos en 2020, al no documentar el gasto en obras públicas, en apoyos sociales y distintas adquisiciones.
Por otra parte, San Andrés Cholula es otro de los ayuntamientos donde la ASE identificó un presunto daño material en Puebla, con la no comprobación de 314 millones de pesos, ejercidos durante el año ya mencionado, en la administración de Karina Pérez Popoca.
En cambio, en Tehuacán, Artemio Caballero López no transparentó 258 millones, seguido por Atlixco, donde las observaciones fueron por 219 millones 154 mil.
San Pedro y San Andrés Cholula, con daño patrimonial
En San Andrés Cholula la gestión de Karina Pérez Popoca tuvo gastos no comprobados por 314 millones 149 mil pesos, de los cuales 97 millones 919 mil fueron por obras, es decir, el 31.17% se derivan de 28 observaciones no solventadas.
La ASE observó en los balances financieros la ausencia de 50 millones 368 mil pesos, de los que no había comprobantes de su destino, pese a que los exigieron a la entonces administración. En cambio, la Auditoría consideró que 33 millones 854 mil pesos no se reintegraron a las arcas municipales, debido a que los oficios sobre dicho recurso no estaban certificados. Por lo que las autoridades dijeron desconocer si su paradero concuerda con los movimientos reales.
A su vez, el entonces gobierno morenista no dio los estados de cuenta ni de conciliación bancaria para encontrar 22 millones 659 mil pesos. Etiquetados en el rubro de bienes y servicios.
En San Pedro Cholula, la administración de Luis Alberto Arriaga Lila no transparentó 93 millones 804 mil pesos, de los cuales 53 millones 690 mil pesos corresponden a obras públicas, lo cual equivale al 57.24% del monto observado. Esto a raíz de 31 observaciones que no se solventaron.
De dicha cantidad, no se rindió cuenta de 16 millones 168 mil pesos, presuntamente utilizados para la modernización del alumbrado público. Y que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
Otra de las cantidades más grandes, fue por el orden de los 9 millones 519 mil pesos que fueron utilizados para la construcción de juzgados, salas orales, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública de Cholula.
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Atlixco y Cuautlancingo
La administración de Guillermo Velázquez Gutiérrez en Atlixco tuvo un gasto no comprobado de 219 millones 154 mil pesos. De ellos, 32 millones 129 fueron por obras, lo cual equivale al 14.66%. Corresponden a 21 observaciones no solventadas.
De la suma total, 154 millones 337 mil pesos no fueron encontrados en los estados financieros, toda vez que la información entregada fue insuficiente para aclarar su destino. Además, hubo irregularidades por 19 millones 941 mil pesos, pues no se comprobó el uso de este recurso para servicios personales.
En cambio, en Cuautlancingo la ex alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández no transparentó 60 millones 602 mil. De dicha cantidad, 35 millones 584 mil pesos se usaron en obras, lo que equivale al 58.72%.
De ello, no se comprobó el destino de 21 millones 115 pesos, que supuestamente se etiquetaron para habilitar 98 plazas en el Ayuntamiento. Para suplir a trabajadoras embarazadas y personas de la tercera edad que laboraron desde casa por la pandemia de coronavirus.
La ASE indicó que al examinar la información, no encontró que el recurso fuera usado en el rubro mencionado.
Tehuacán y Amozoc
En su primer año como alcalde tras la detención de Felipe Patjane Martínez, Artemio Caballero López en Tehuacán no comprobó el uso de 258 millones 929 mil pesos, de los cuales 29 millones 862 mil 553 estuvieron relacionados a obras, es decir el 11.53%.
Entre los montos no transparentados más importantes destaca el uso de 171 millones 552 mil pesos. La administración no comprobó que hayan sido reintegrados, ya que fue insuficiente la información entregada.
De igual manera, hubo irregularidades por 14 millones 250 mil pesos. En la compra de 541 vehículos y equipo terrestre a la empresa Fórmula Angelópolis S.A. de C.V. Este hecho se calificó como una anomalía. Ya que el Ayuntamiento celebró el contrato directamente con ellos, sin evaluar a otras firmas que ofrecieran una oferta más económica. Además que no hubo una licitación de por medio.
Por otra parte, Mario de la Rosa Romero no documentó en Amozoc el ejercicio de 67 millones 145 mil pesos. Cuyo 48.19% se empleo en obras, lo que se traduce a una suma de 32 millones 359 mil pesos.
El monto más destacado en irregularidades fue el ejercicio de 20 millones 63 mil pesos. Pues su administración no presentó pruebas sobre las salidas de dicho recurso en efectivo, el cual debía permanecer en las arcas municipales.
El 27 de septiembre, el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina subrayó que todas las administraciones deben solventar las observaciones y presentar pruebas. Ya que de lo contrario, quedarían sujetos a algún procedimiento por daño patrimonial en Puebla.
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