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Claudia Rivera Vivanco rechazó el presunto daño patrimonial de 821 millones de pesos cuando fue alcaldesa de Puebla, detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Aseguró que hubo interpretaciones erróneas en el dictamen, por lo que exigirá a la administración de Eduardo Rivera Pérez que entregue los expedientes del manejo de recursos que tienen bajo su resguardo.

Acompañada de regidores, ex regidores y por su anterior gabinete, este miércoles expuso que las observaciones sobre el manejo del presupuesto son normales en cualquier informe individual de la cuenta pública. Y que todas las autoridades federales, estatales y municipales, han tenido señalamientos.

En ese sentido, la ex alcaldesa refirió que ellos cumplieron con lo planteado en las normas aplicables, pues el informe de la ASE solo destaca como apartados aislados a las observaciones del manejo del presupuesto. También, que los montos hacen referencia al gasto ejercido, y no a un uso indebido de los recursos.

No temo a ninguna persecución, toda vez que hemos siempre cumplido lo que marca la ley, rendido cuentas en los momentos oportunos, de manera extraordinaria incluso con las auditorías preventivas. Tenemos la certeza de que hicimos bien las cosas”.

Claudia Rivera rechazó el daño patrimonial y subrayó que su administración se mantuvo firme en el combate a la corrupción. Además de que fueron los primeros en “rendir cuentas en tiempo real”.

En cambio, el ex secretario general del Ayuntamiento de Puebla, Damián Romero Suárez subrayó que la administración actual tiene los expedientes para solventar las irregularidades ante la ASE. Y aclaró que “por supuesto vamos a solicitar al Ayuntamiento que se entregue esa documentación a la Auditoría”.

Subrayó que los señalamientos por sobrecostos obedecen a “una percepción completamente individual de los funcionarios al realizar el cálculo para la adquisición de determinados servicios o la realización de obras”.

Los recursos no aclarados

En el informe individual de la cuenta pública 2020, la ASE detectó un presunto daño patrimonial de 821 millones de pesos, por gastos no comprobados durante la administración de Claudia Rivera.

Hubo en total 217 observaciones por no comprobarse el manejo de los recursos, de las que solo 19 se solventaron. En las restantes, emitieron 56 solicitudes de aclaración y 143 pliegos de observaciones.

#DandoData analizó que hubo gastos no comprobados por 427 millones 896 mil pesos. Derivados de rehabilitaciones y pavimentación de calles; del programa de bacheo; construcción de alcantarillado; ampliación de drenaje y hasta por techado de escuelas, que su administración ejecutó en 2020.

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A su vez, un manejo opaco de 181 millones 49 mil pesos por concepto de “Servicios, instalación, mantenimiento y reparación”, enfocado a la contratación de insumos para las oficinas, artículos de limpieza y reparaciones. 

En este rubro, se destacan 26 millones de pesos, destinados a juntas auxiliares e inspectorías para la rehabilitación de dichas zonas. 

La administración de Claudia Rivera tampoco solventó el uso de 135 millones 119 mil pesos, ejercidos en múltiples programas sociales. La mayoría enfocados a brindar apoyo económico a las familias y negocios que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus.

De igual manera, la ASE identificó opacidades por el presunto pago de 64 millones 635 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por deudas y los programas de apoyo para el pago del recibo de luz a las personas de escasos recursos.

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