Maricela Escobedo, la mamá de Rubí, el papa de Debhani Escobar, el papá de Yolanda Martínez, la mamá de Juan de Dios Nuñez todas y todos ellos, como miles más, son padres y madres que viven la pena de tener a sus hijas e hijos desaparecidos, y que además tienen que suplir funciones de rastreo y búsqueda de personas desaparecidas que le tocan al Estado y que por pura corrupción, ineptitud, negligencia y desidia, no hacen.
Ninguna mamá ni ningún papá debería buscar en fosas clandestinas a sus hijas e hijos, pero en eso se ha convertido México, en una enorme fosa clandestina donde madres y padres rastreadores, que no pierden la esperanza de encontrar con vida a sus hijos, terminan encontrando miles de cuerpos más en sus búsquedas.
¿Pero de quienes son esos cuerpos? No podemos ni debemos verlos como simples números, como frías estadísticas, porque todos esos cuerpos fueron alguna vez personas, con historias, con familias que seguramente los siguen buscando y esperando en casa.
En solo 4 meses de 2022, han desaparecido 748 mujeres y niñas, y de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, todos los días desaparecen 7 mujeres. Pero las víctimas de esas desapariciones no son solo ellas, son las familias que se quedan sin sus hijas, los bebés, niños y niñas que se quedan sin sus mamás, mamás que se quedan sin sus niñas, porque bandas de tratantes las desaparecen para explotarlas sexualmente porque los pervertidos pedófilos las prefieren niñas y vírgenes.
Madres buscadoras lanzaron la plataforma “cuartos vacíos” donde se rentan cuartos de mujeres desaparecidas que permanecen intactos, como ellas los dejaron antes de su desaparición, para recabar fondos para que puedan seguir buscando a sus hijas.
¿Por qué las madres tienen que pasar por el dolor de buscar a sus hijos como si fueran Fiscalías con recursos económicos, técnicos, y humanos para hacerlo? ¿Por qué las mamás y los papás tienen que hacer tareas que le competen al Estado? Pero si ellos no lo hacen, entonces quizá nunca jamás vuelvan a saber de sus hijas e hijos.
Las madres rastreadoras de Sinaloa, con Mirna Medina, el colectivo Voz de los Desaparecidos con María Luisa Núñez en Puebla, Las Madres Buscadoras de Sonora con Ceci Flores, que cuentan con más de 2 mil madres en búsquedas activas de sus hijas e hijos , padres que han emprendido su búsqueda en solitario o con apoyo de colectivas feministas como el de Yolanda Martínez o el papá de Debhani Escobar cuyo caso se hizo más mediatico y recibió mayor presión social; son ejemplos de la injusticia y la tragedia que es tener un familiar desaparecido en México. Todas y todos encontraron silencio institucional, pretextos, justificaciones e indiferencia, muchas madres teniendo que arriesgar sus propias vidas en territorios dominados por el narcotráfico y el crimen organizado, sumergiéndose en fosas clandestinas sin conocimientos de criminología, ciencias forenses ni apoyos institucionales más que su voluntad inquebrantable de buscarlas hasta encontrarlas.
Las madres buscadoras de Sonora han encontrado los cuerpos de más de 900 personas y a otras 800 con vida, según datos proporcionados por el colectivo. ¿Las autoridades estatales cuantos? ¿Las Fiscalías de los estados, cuantas?
Las madres y padres de personas desaparecidas tienen derechos, como el de participar en las búsquedas activas de sus hijas e hijos, pero con los recursos operados por parte del Estado, porque ellos no deben decidir entre si trabajar o buscar a sus hijas y esa es la realidad que miles de madres buscadoras viven hoy en día. ¿Cómo les pedimos a las madres que regresen a hacer su vida normal, a trabajar con sus hijas desaparecidas? ¿Cómo pueden seguir buscándolas si tienen que pagar la renta de la casa y no pueden hacerlo porque dejaron de trabajar para buscarlas?
Esta situación es inhumana y las autoridades deben poner todos los recursos para atender la crisis de desapariciones en el país. Hace unos días, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas cuadruplicará su presupuesto, asignándole 50 millones de pesos, además de triplicar el personal que laborará en dicha Comisión. Y aunque es un primer gran paso, que TODAS las autoridades y gobernadores del país deberían seguir para combatir las desapariciones que azotan sus estados, lo cierto es que hace falta revisar la actuación de las Fiscalías, porque tanto las madres buscadoras, como casos mediáticos como el Debanhi Escobar han evidenciado la corrupción e ineptitud que se da en esas instituciones, urge revisar, transparentar, evaluar y hacer una limpia de las Fiscalías, para que dejen de colaborar con el crimen organizado, para que dejen de filtrar información de las investigaciones, para que se capaciten y actúen con perspectiva de género pero sobre todo, para que hagan las funciones que hoy tienen que hacer las madres y padres buscadores.
Justicia y reparación del daño para Padres y Madres Buscadoras. Ni Una Más.
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