Durante el sexenio de Felipe Calderón ocurrió aquel tristemente célebre episodio del “michoacanazo”, uno más de los tropiezos y pasos en falso del entonces presidente.
Sin embargo el fundamento de la acción era real.
Calderón se dio cuenta que una buena parte de los presidentes municipales estaban coludidos con el crimen organizado y en ese momento eran piezas en el tablero de Servando Gómez “La Tuta”, líder de los “Caballeros Templarios”.
Pero el entonces mandatario nunca tuvo una fiscalía competente y tampoco tenía la disciplina mental que permitiera integrar las acusaciones en contra de los ediles. Ante la incapacidad oficial los funcionarios salieron de prisión.
El llamado “michoacanazo” fue uno de los mayores errores del sexenio calderonista, aunque su perspectiva era real.
El asunto viene a cuenta por la reciente detención de Arturo Cajica Gómez, presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla.
En las primeras horas trascendió que la captura se debió a temas administrativos, pero eso solo es el preámbulo de formales acusaciones por las que Cajica pasará a las sombras.
Es claro que las indagatorias reflejan que el edil tiene nexos con la delincuencia y que en ese contexto fue ejecutado el director de Seguridad Pública municipal Héctor García Álvarez y su esposa.
La caída de Cajica representa el segundo proceso contra un alcalde poblano por sus nexos con la delincuencia. La primera acusación fue contra Ignacio “Nacho” Salvador, ex alcalde de Ajalpan y quien hasta la fecha permanece prófugo.
Por esa razón al edil de Acatlán de Osorio no le advirtieron que se estaba tejiendo una sólida carpeta de investigación en su contra. Las acusaciones sobre el munícipe se basan en las declaraciones de 32 detenidos -uniformados y civiles-, que ya están bajo formal proceso, lo que nos habla de una descomposición generalizada en aquel municipio.
Arturo Cajica debe verse como el primer alcalde formalmente aprehendido por sus nexos criminales. Pero no será el único.
Desde Casa Aguayo son constantes, permanentes los llamados a los ediles para que no se involucren con grupos delictivos. Incluso les han advertido de sacudirse a aquellos emisarios a los que deben despedir de manera inmediata.
El Ejecutivo estatal sabe algo que no es del dominio público, pero que podemos intuir: el crimen organizado busca cooptar a ediles poblanos.
Por eso los insistentes llamados a no permitirlo.
A diferencia de Calderón, el gobernador Barbosa Huerta si tiene una fiscalía competente y tiene una disciplina mental forjada en un agudo pensamiento jurídico. Por eso sus acciones son contundentes, incluso se pueden considerar demoledoras.
Lo que sucedió en Acatlán de Osorio es un llamado a todos los presidentes municipales de Puebla. Piensen las cosas, porque este gobierno no los va a tolerar.
Veremos otros Cajica.
Al tiempo.
Como siempre quedo a sus órdenes.
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