El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, coincidió con la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, sobre encarcelar a quienes contraten policías sin controles de confianza.
Durante la puesta en marcha del Operativo Guadalupe-Reyes, el alcalde aseguró que es importante y necesario que las corporaciones cumplan con las garantías de ley.
Señaló comprender la preocupación que tiene el mandatario por evitar la contratación de policías municipales al interior del estado sin contar con el Certificado Único Policial (CUP), mejor conocido como controles de confianza.
Es necesario que también todos los gobiernos en los diferentes municipios cumplan estos requisitos”.
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En el caso de Puebla capital, dijo que los agentes y titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron evaluados antes de ser nombrados.
De manera independiente a la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa, insistió que su administración ha cumplido con este cumplimiento desde el inicio de la misma.
Rivera Pérez refirió que esta propuesta es una invitación para generar corporaciones sanas, así como policías y mandos que no tengan vínculos con el crimen organizado. Al tiempo que destacó que es importante que cada uno cuente con un perfil honesto, como los del municipio de Puebla.
Propone Barbosa cárcel a ediles que contraten policías sin controles de confianza
Este miércoles, diputados del Congreso del Estado de Puebla avalaron en comisiones la iniciativa presentada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta. La cual tiene por objetivo castigar con seis años de cárcel, la contratación de elementos de la Policía en Puebla que carezcan de exámenes de confianza.
Esta propuesta pretende modificar el artículo 418 del Código Penal estatal para dar una pena de hasta 3 años a 7 de cárcel. Así como una multa de una a 10 UMAS (Unidades de Medida y Actualización), equivalentes a 96 y hasta 962 pesos.
Lo anterior, a quienes permitan acceder a un cargo policial en cualquiera de las instituciones de seguridad pública en el estado de Puebla. Además de penas de 6 meses a 6 años contra aquellos que contraten, propongan o nombren como policía a alguien que no cuente con certificados.
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