En comisiones, diputados avalaron la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para castigar con hasta seis años de prisión, la contratación de policías sin exámenes de confianza en Puebla. La oposición advirtió errores que permitirían una “persecución” de autoridades en los municipios.
Este jueves, las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales del Congreso del Estado avalaron la reforma con 10 votos a favor de Morena, PRI y PT, así como dos abstenciones del PAN.
Se trata de una modificación al artículo 418 del Código Penal estatal para fincar una pena de tres meses a siete años de prisión, así como una multa de una a diez Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 96 a 962 pesos, a quienes acepten un cargo como policía en alguna de las instituciones de seguridad pública de la entidad. Sin tener el Certificado Único Policial o sin haber aprobado los exámenes de confianza.
En cambio, en el artículo 419, se propone una pena de seis meses a seis años contra cualquier autoridad que proponga, contrate o designe como policía, a quien no tenga los certificados.
La iniciativa indica que la misma sanción aplicaría contra el funcionario que sea omiso al contratar a personal que no cumplan con los exámenes de confianza.
Advierten deficiencias en la regularización de policías
En la sesión, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo que la propuesta no considera distintos aspectos que podrían afectar a los municipios. Como el hecho de que algunos no tienen recursos para los exámenes de sus elementos, en un contexto donde la Federación retiró el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Además, criticó que se dé un plazo de solo 90 días para que las autoridades certifiquen a sus elementos, cuando estos procesos pueden tardar meses en aplicarse. Lo cual, refleja que esta regulación es un problema “mucho más complicado que decir: vamos a sancionar a quien no este certificado”.
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Y es que subrayó que, pese a este plazo, la reforma permite que se castigue de inmediato la falta de policías con exámenes de confianza en Puebla, lo cual, podría generar alguna persecución de origen político por parte del Ejecutivo.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo López, indicó que está reforma no tiene la intención de afectar a ningún ayuntamiento, sino de poner orden para mejorar la seguridad en toda la entidad.
Lo 90 días que se proponen que es un máximo no significan que con ello se van a armar carpetas de investigación, expedientes, porque no es el tema”.
La iniciativa de Miguel Barbosa fue turnada al Pleno para su posible aprobación en la sesión del Pleno, el próximo 8 de diciembre.
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