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En Puebla capital, comerciantes de la Unión de Refaccionarias de la 46 Poniente acusaron anomalías durante los operativos  contra la venta de autopartes robadas. Ante las constantes revisiones, pidieron diálogo con el gobierno estatal.

A través de un comunicado, Saraí Ramos Romero, presidenta de la asociación, reprochó los trabajos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), al considerar que los operativos para inhibir la venta de autopartes robadas son “un tema político y de represión”.

La líder de los comerciantes de la 46 Poniente indicó que con las intervenciones, a más de 300 negocios establecidos se les retiró mercancía que tenía documentada su procedencia, con lo cual, “han sufrido pérdidas, afectando además a más de 1500 familias, que tienen sus negocios de manera indirecta en la zona”.

Aseguró que, durante los operativos hubo anomalías como el presunto saqueo de mercancía por parte de autoridades ministeriales, al igual que sembraron artículos robados para proceder con las clausuras.

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“Tenemos videos, en el que ponen los sellos de clausura dejan pasar días, llegan y abren las cortinas para sacar las mercancía, y cuando estamos ahí pese a que les decimos tenemos la llave, les abrimos, tenemos los documentos que acredita que nuestra mercancía, nos insultan y han golpeado a nuestros compañeros, nos dicen que nos retiremos porque si no seremos puestos a disposición, eso es un atropello”.

Al afirmar que no están en contra de que las autoridades hagan su trabajo, Saraí Ramos destacó que los operativos deben ejecutarse con legalidad, permitiéndoles a los comerciantes de la 46 Poniente comprobar la procedencia legal de las autopartes.

Con ello, pidieron una mesa de trabajo con el gobernador Miguel Barbosa, donde se “escuche a esta unión de comerciantes que están debidamente acreditados y no incurren en la ilegalidad”, toda vez que locales que integran a la asociación están al corriente de sus pagos fiscales.

También, reconocieron los trabajos del Ejecutivo poblano contra la delincuencia, para inhibir el robo de autopartes.

Desde julio, inició un intenso trabajo para eliminar la venta de autopartes robadas en dicha zona, que ha derivado en diversos operativos. El 28 de julio, los comerciantes protestaron por no poder abrir sus negocios.

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