El hoyo financiero que dejaron las administraciones priistas por el manejo del servicio del agua provocó una deuda millonaria a través del SOAPAP que, a la fecha, no ha terminado de pagarse y asciende a los mil 207 millones 760 mil pesos.
La semana pasada inició un nuevo debate sobre la privatización del agua en Puebla, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta abrió la posibilidad de remunicipalizar el servicio y que el Ayuntamiento de Puebla se haga cargo de la distribución.
El propio gobernador ha reconocido que es un tema complejo y se preparó un litigio para modificar las condiciones en las que se otorga el servicio de agua en Puebla.
Pero revocar la concesión implicaría pagar las penalizaciones señaladas en el contrato con la empresa Agua de Puebla, fortalecer nuevamente al SOAPAP para que garantice el servicio, y que se siga pagando la deuda contraída desde 2008.
#DandoData revisó los informes de deuda y detectó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) tiene desde 2008 una deuda por 2 mil 201 millones 793 mil pesos, el saldo al primer trimestre de 2022 es de mil 207 millones 760 mil pesos.
La administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue la encargada de plantear las condiciones para privatizar el servicio de agua. Concesiones Integrales –ahora Agua de Puebla— comenzó a brindar el servicio desde 2014 y el contrato tiene una vigencia de 30 años.
Hay opiniones encontradas ante la posible remunicipalización del servicio de agua, pues mientras un grupo de diputados y la iniciativa privada consideran que lo ideal sería mantener la concesión; hay otros grupos que ven necesario modificar las condiciones y que favorezcan a los ciudadanos.
Administraciones priistas dejaron con deuda al SOAPAP
#DandoData hizo una revisión hemerográfica —puesto que no hay documentos en donde se detalle la deuda heredada a Mario Marín Torres en 2006— y detectó que las administraciones priistas fueron las responsables del adeudo del SOAPAP.
En esta revisión se detectó que los pasivos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) fueron arrastrados desde el sexenio de Melquiades Morales Flores, cuando el nivel de endeudamiento pasó de 700 millones de pesos a mil 600 millones de pesos en 2006.
Para 2008, en la administración de Mario Marín Torres el Congreso del Estado le aprobó la reestructuración de la deuda del SOAPAP, que en ese momento era de mil 483 millones de pesos en el Banco del Bajío y se le permitió contratar un monto extra de 718 millones de pesos.
La Jornada de Oriente reportó que, desde ese año, al sumar las deudas, el SOAPAP ya estaba comprometido con 2 mil 201 millones de pesos.
De acuerdo con el último informe publicado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el estado de Puebla a través del SOAPAP adquirió la deuda desde 2008 por 2 mil 201 millones 793 mil pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
A pesar de que fue una deuda del SOAPAP heredada por los priistas, dejaron liquidado un mínimo de recursos.
El monto original contratado en 2008 fue de 2 mil 201 millones 793 mil pesos. El primer informe desglosado se publicó en 2012, en la administración de Moreno Valle, e indica que el saldo de la deuda en SOAPAP a diciembre de ese año fue de 2 mil 103 millones 386 mil pesos.
De esta forma, en cerca de cuatro años se pagaron sólo 98 millones 407 mil pesos. La mayor parte se pagó entre 2013 y el primer trimestre de 2022.
En total, desde la contratación de la deuda del SOAPAP en 2008 y hasta marzo de este 2022, el estado de Puebla ha liquidado 994 millones de pesos. Están pendientes por pagar todavía mil 207 millones de pesos.
Pago de la deuda, penalizaciones y una compleja ruta jurídica para remunicipalizar el agua
Cuando el título de concesión del agua se hizo público, se dio a conocer que la contraprestación inicial fue de mil 486 millones de pesos y aunque la concesión tiene una vigencia de 30 años, ésta se puede ampliar a 60 años.
De acuerdo con el contrato, por los 30 años de concesión la empresa pretende tener ingresos por 173 mil 240 millones, que cobraría por el servicio del agua, drenaje, saneamiento, recargas y sanciones, factibilidades, así como de medidores y otros ingresos.
Además, la posibilidad de rescatar la concesión y quitar el servicio a la empresa Agua de Puebla implicaría que el Gobierno del Estado deba pagar una indemnización equivalente a los flujos libres de efectivo de 24 años, una cifra que ambas partes deben calcular en caso de ocurra.
La semana pasada, el gobernador Miguel Barbosa Huerta abrió la posibilidad de remunicipalizar el servicio del agua y aseguró que se está preparando un litigio estratégico sobre el tema, en el que estarían involucrados tanto la administración estatal como la municipal.
Aunque a la fecha no se conocen con certeza las siguientes acciones legales para avanzar en el litigio, en la remunicipalización o en la revocación de la concesión, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez mencionó que buscará una reunión con el gobernador.
Además, advirtió que la posible remunicipalización del servicio de agua potable provocaría afectaciones a las finanzas del Ayuntamiento de Puebla, ante la deuda que tienen el SOAPAP, así como otros factores técnicos y económicos.
En tanto, desde el Congreso del Estado los diputados se dijeron dispuestos a atender el tema, si se requieren reformas o alguna acción legislativa.
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