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El presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que el Legislativo será receptivo con la propuesta que llegue del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para lograr desprivatizar el agua en Puebla capital.

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En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena dijo que analizarán cuál será la ruta que proponga el Ejecutivo para lograr que el municipio se encargue nuevamente del servicio, toda vez que definirán cuáles son las competencias del Congreso en la materia.

Nosotros estaremos muy atentos al análisis para saber exactamente qué es lo que le compete al Congreso del Estado, y sin duda actuaremos en consecuencia de lo que más le convenga a las poblanas y los poblanos.

Y es que detalló que la concesión de Agua de Puebla hizo que el Ayuntamiento de la capital tuviese que entregar el abastecimiento de este vital líquido, cuando anteriormente se vinculaba al Organismo Público Descentralizado del Sistema de Agua.

Queremos un servicio de calidad; queremos que haya agua en todas las colonias; queremos que sea a un precio justo y accesible, pero necesitamos que haya notas claras y que se tenga la capacidad para poder impulsar ese tema.

La promesa

Lo anterior se debe a que, por la mañana de este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que habrá noticias positivas para desprivatizar el agua en Puebla, pues la meta es que el servicio regrese a manos del gobierno municipal.

Pronto habrá noticias muy fuertes sobre ese tema del agua, de la concesión de agua, porque mi gobierno no va a ser aquel que lastime a la gente. Que se vuelva un servicio municipal y que lo asuma el gobierno municipal, como corresponde a la Constitución, declaró.

El 12 de septiembre de 2013, el Congreso local aprobó la privatización de este servicio en la Angelópolis, entregándolo a Concesiones Integrales S.A. de C.V., durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Desde entonces, los poblanos de la capital han padecido de un servicio deficiente, sumado a altos cobros que Agua de Puebla ha realizado a lo largo de estos nueve años. En 2018, los candidatos a diputados de Morena prometieron desprivatizarla, aunque poco después justificaron que revertir los contratos era difícil por los “candados jurídicos” que se pusieron en su momento.

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