¡Un llamado a la justicia!

Por Gabriel Hernández Campos / /

Interior JusciciaNO

17 de junio de 2012, pareciera un día como cualquier otro, pero no para la familia Sánchez Silva. Ese día en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Calera, pasadas de las 22:30 horas ingresaron siete personas del sexo masculino, al interior solo se encontraba Paulita, la menor de tres hijos, en compañía de la empleada doméstica y la hija de esta.

Paulita para esa fecha tenía 15 de edad. Fue atacada brutalmente por los siete sujetos, agredida física y sexualmente durante siete horas, la dejaron mal herida y atada de pies y manos, al parecer los agresores pensaron que ya no contaba con vida, como pudo se desató y se comunicó con su madre.

Al día siguiente los padres de Paulita en compañía de ella se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, para presentar la denuncia correspondiente, desde ese momento iniciaron las injusticias.

La Agente del Ministerio Público, con actitud mas que inhumana, le manifestó a la madre de la menor “siéntanse afortunados”, a su hija no le pasó nada, la pudieron haber matado o secuestrado.

En un acto de estirpe virreinal, accedió la ministerio público a iniciar la averiguación previa, procediendo a declarar la madre, la víctima, la empleada doméstica y su menor hija. La representación social ordenó se practicaran los exámenes de rigor, a saber estudio fisicopsicofisiológico, ginecológico, proctológico, psicológico y de trabajo social, a cargo de los peritos en la materia.

Sorprendente fue la conclusión que emitió la Dra. María Virginia del Valle Meléndez, perito en medicina forense, al señalar que la víctima no presentaba lesiones que pusieran en peligro la vida, que dejarán cicatriz y que solo tardarían en sanar menos de 15 días. Además de la severidad de las lesiones derivadas de la agresión sexual, la menor además presentaba desgarramiento en sus extremidades inferiores, fractura de costillas, lesiones en cara y cabeza, mismas que sí tardan en sanar más de quince días.

Paulita en su declaración describió las características físicas de dos de los agresores, incluso se realizaron retratos hablados de ellos, mismos que misteriosamente fueron extraviados por la autoridad ministerial.

En días posteriores fueron detenidos los señores José Luis González Rivera y Roberto González Flores, quienes fueron plenamente identificados por la víctima. De manera inexplicable fueron puestos en libertad por la representación social, los padres de Paulita recibieron una llamada de dos altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, quienes los citaron en las instalaciones de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, comunicándoles que iban a dejar en libertad a los detenidos, puesto que habían platicado con ellos y no consideraban que tuvieran el perfil de delincuentes.

La familia siguió en la lucha, consiguiendo que fuera consignada la Averiguación Previa 916/2011/AESEX radicándose en el Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla, Puebla, bajo número de proceso 64/2013. En fecha 7 de agosto de 2013, el juez de la causa libra orden de aprehensión en contra de José Luis González Rivera por los delitos violación equiparada y violación tumultuaria; el 13 de septiembre de 2013 orden de aprehensión en contra de Roberto González Flores por los delitos de ataques al pudor, violación tumultuaria y violación equiparada. De manera inverosímil, a pesar de que dichas órdenes de aprehensión fueron obsequiadas en el año 2013, a la fecha no han sido ejecutadas, incluso en diversas ocasiones han sido borradas del sistema de la ahora Fiscalía General de Justicia, quienes a insistencia de la madre de la víctima han tenido que volver a ingresarlas al sistema, pero subsiste la negativa sistemática para ejecutarlas.

Cabe resaltar que este calvario ya cobró la vida del padre de Paulita, quien al ser amenazado con pistola en mano en las instalaciones de la clínica en la que laboraba, sufrió un infarto.

Ahora el caso es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es óbice mencionar que la familia Sánchez Silva, en esta odisea, ha sido blanco de múltiples amenazas y persecuciones. La pregunta es ¿cuándo se hará justicia?

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