El día de ayer se recibió con agrado la noticia sobre la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla, específicamente la inherente al incremento de penalidad en el delito de violación, actualmente este delito se sanciona con pena privativa de la libertad de hasta de 20 años, esta sanción se duplica si la víctima es menor de 18 años o mayor de 70.
La iniciativa de reforma que ahora se plantea y que en comisión ya fue aprobada, previene que en este último caso, la pena privativa sea de hasta 60 años. Indudablemente el espíritu de los legisladores, es ampliar la protección hacia los menores de edad y las personas de la tercera edad.
Acertadamente el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que no es suficiente el incremento de las penalidades, ya que este debe estar acompañado de otras acciones, entre las que destacó la prevención del delito. El gobernador electo de nuestro estado Luis Miguel Barbosa Huerta, puntualmente ha señalado que su gobierno combatirá frontalmente a la delincuencia, tomando como eje cuatro sistemas el policial, la procuración de justicia, la administración de justicia y el penitenciario.
Indudablemente Don Miguel Barbosa ha sentado la base de lo que será la política criminal que identificará su gobierno, política que por lo menos en los últimos 8 años en Puebla ha sido inexistente.
Pero, ¿Qué debemos entender por política criminal?, conceptos hay muchos, mismos que coinciden en identificarla como “el conjunto de acciones que un Estado previene necesarias implementar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o generadoras de perjuicio social con la finalidad de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los habitantes del territorio bajo su jurisdicción”. En esta tesitura resulta indispensable el diseño de programas de prevención del delito, dirigidos principalmente a jóvenes y niños, ya que el 70% de la población de los Centros de Reinserción Social es menor de 30 años.
Ya lo anunció nuestro gobernador electo, construirá una verdadera Fiscalía General en el estado por y para la sociedad, que dé respuesta a las necesidades que en materia de procuración de justicia demanda Puebla. Devolverá al Poder Judicial el prestigio y reconocimiento de antaño, esto es, un poder que verdaderamente administre justicia y deje de estar al servicio del titular del ejecutivo, como aconteció en la administración de Moreno Valle y Gali Fayad. Por lo que hace a las corporaciones policiacas, manifestó que las profesionalizará y dotará de los recursos materiales y económicos necesarios para que en verdad sean eficientes.
Especial atención debe ponerse en el sistema penitenciario, a mi consideración este debe ser autosuficiente, debe replantearse el modelo de reinserción social. Todos los reos de manera obligatoria deberán desarrollar una actividad productiva al interior de los centros por la cual reciban un ingreso adecuado, que les permita, incluso contribuir para los gatos de sus respectivas familias. El reto es grande e improrrogable, la cuarta transformación que encabeza Don Miguel Barbosa por fin dará a Puebla una política criminal acorde a la realidad del estado.