La corrupción sigue rondando el caso Marín-Cacho

Hace unos días corrió la versión de que Juan Sánchez Moreno se había convertido en el primer detenido por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho. Varios medios de comunicación dieron por cierta la detención porque la obtuvieron de fuentes confiables. 

 

Nuestro director de Página Negra, Edmundo Velázquez tenía la misma información: Juan Sánchez había sido detenido y solo era cuestión de horas para que llegara a Quintana Roo.

 

Después, cuando buscamos la confirmación de la noticia con las autoridades oficiales ¡nada!. Me pareció muy extraño que varios medios hubieran tenido la misma información y que se hayan atrevido a publicarla, sin "estar completamente seguros". 

 

Este fin de semana tuve una explicación a tal incógnita. En efecto, Juan Sánchez fue detenido en al Ciudad de México pero lo dejaron ir. Los oficiales que lo detuvieron aceptaron un soborno de su parte y lo soltaron. 

 

Los demás, Mario Marín Torres, Adolfo Karam y Kamel Nacif, siguen prófugos, han pasado más de dos semanas desde que se liberaron las ordenes de aprehensión y siguen libres. 

 

Según ha dicho la periodista Lydia Cacho "si no los encuentran es porque no quieren encontrarlos". 

 

La detención de Juan Sánchez pudo haber calmado por unos días a la opinión pública, que ve un caso de más de 14 años sin justicia, pero los agentes lo dejaron ir. 

 

Mientras, mis fuentes me dicen que es solo Mario Marín Torres quien ha intentado conseguir un amparo, pero que se trata de un amparo de fondo, contra la acusación de haber ordenado la tortura y la violación de Cacho en el penal. 

 

Es posible que se lo concedan: "sí", pero el magistrado que o haga está frente un caso muy mediático y creen que Mario Marín tendría que usar dinero y la red de funcionarios que lo protegen para lograrlo. 

 

Mientras el caso llega a su fin, porque de verdad espero que así sea, me quedo con este tuit de Lydia Cacho: 

 

"Es importantísimo aclarar lo que cualquier criminalista sabe: si una red de empresarios y políticos compra niñas para esclavizarlas sexualmente y una red de gobernadores les encubre y ayuda a huir, todos son cómplices de un delito grave".