Los demandados del Hotel MM

 

Hace aproximadamente un mes, varios militantes de Morena recibieron la llamada de un despacho de abogados en la Ciudad de México. Les informaron, de forma individual, que serían demandados por los estragos al Hotel MM, cometidos el 3 de julio de 2018.

Fueron uno a uno, diversos días, a una reunión en la Torre Mayor de la Ciudad de México.

El planteamiento fue claro, serían demandados por los desmanes en el Hotel cuando supuestamente descubrieron el laboratorio electoral de los morenovallistas.

Ahí les informaron que, en efecto, algunos de los accionistas son poblanos, pero que son los minoritarios y que la mayoría pertenece a la cadena de hoteles City Exprés.

Resultó, además, que uno de los argumentos de la demanda multimillonaria es que las acciones de la cadena hotelera cotizan en la bolsa, y el día del ataque sufrieron una caída estrepitosa.

Es decir, la demanda no abarcaría únicamente los daños: puertas, platos, vasos y mesas rotas en el encontronazo, la pérdida de reservaciones de grupos y de la venta del restaurante.

Iría más allá, contemplaría el daño de las acciones en la bolsa y eso implicaría un pago millonario.

Pero en todo lo duro ofrecieron una salida, estaban dispuestos a una negociación por los daños y así no llegar a la vía penal.

Nadie pudo aceptarlo, no porque no quisieran evitar el litigio, sino porque la cifra que podrían ofrecer ni siquiera se acercaría al 50% de lo que pedían como reparación.

Pero uno de los morenista llamados por estos abogados fue más listo.

Le dijo al abogado que él no estaba dispuesto a negociar y que podría proceder como quisiera, pero que en las audiencias tendrían que llamar a todos los implicados, autores materiales e intelectuales.

Tendrían que comparecer todos los que sabían de la situación para deslindar responsabilidades y conocer quiénes tendrían que hacerse acreedores a esa millonaria multa.

Entre ellos podría estar el ahora gobernador, Luis Miguel Barbosa y hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

O por lo menos Olga Sánchez Cordero, quien dicen que llevó a cabo la negociación para la salida de los panistas.

Pero además, tendría que comparecer los senadores Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier; los diputados Gabriel Biestro y José Juan Espinosa.

Hasta el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.

El caso es que parece que hacerles ver esa situación ha funcionado, ya han pasado cuatro semanas y de los feroces abogados nadie ha sabido nada.

Afectar a tanto servidor y funcionario público de todos los niveles, no fue entonces tan conveniente.