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De último momento y por la presión del gobierno federal, Rafael Moreno Valle dobló las manos. Hasta el miércoles 30, la administración morenovallista tenía la firme intención de hundir en la cárcel a los cuatro detenidos en Chalchihuapan y hasta enjaretarles la muerte del niño José Luis. Sin embargo, no encontró el cómplice esperado.
Tras la rueda de prensa del 30 de julio en la que la Procuraduría de Puebla insistió en criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que su investigación se centraría la supuesta violación grave de las garantías individuales de los habitantes de la pequeña junta auxiliar. Al gobierno morenovallista le cayó un balde de agua fría.
Pese a su intento de congraciarse con el ombudsman federal Raúl Medina Plasencia y la intervención de Juan Pablo Piña, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos lanzó la estocada.
De último momento, el gobiern de Moreno Valle tuvo que cambiar su estrategia para el control de daños. Horas después, el gobernador aseguró que sus policías también serían investigados por supuestos excesos.
Y horas más tarde, bajo la presión del gobierno peñista, los cuatro detenidos el pasado 9 de julio, fueron liberados. Por falta de pruebas. Hasta el delito de intento de homicidio les quitaron. Por si fuera poco, la Procuraduría General de Justicia reconoció que los asegurados fueron aprehendidos horas antes de la gresca.
Las inconsistencias en el caso Chalchihuapan le están cobrando las facturas al gobierno de Moreno Valle y el ridículo se incrementa.
Pero al fin, el gobierno federal puso en lugar a Moreno Valle y le hizo saber, que no se manda solo…
Ahora el problema es que los policías —que sólo recibían órdenes— serán crucificados y posiblemente uno de los 300 uniformados que estuvieron el operativo va a ser responsabilizado de la muerte del niño José Luis.
Y nadie va a dar la cara por los policías. Menos Facundo Rosas ni Luis Maldonado.