La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para castigar con hasta 13 años y medio de prisión a las personas o funcionarios que ejerzan violencia contra periodistas, intervengan en una investigación o utilicen herramientas a su alcance para amedrentarlos.
Este lunes, el coordinador de legisladores poblanos del albiazul, Humberto Aguilar Coronado, dio a conocer la reforma presentada el pasado jueves, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Penal federal.
Con la adición del artículo 149 Quáter del Código Penal, se plantea como un delito al derecho de información cualquier agresión cometida contra algún periodística o medio de comunicación, para afectar, limitar o menoscabar la libertad de expresión.
En el 149 Quintus, se precisa que será acreedora a una pena de uno a cinco años de prisión, aquella persona que “obstaculice, impida o reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión” de algún contenido. Esto, sumado a una multa de 34 mil 574 pesos a 86 mil 435.
Sin embargo, la pena sería de dos a diez años de cárcel si este delito es cometido por un servidor público, quien además sería inhabilitado para ejercer algún cargo gubernamental por el mismo tiempo de la condena.
El castigo más alto se establece contra las personas que intimiden y ejerzan violencia contra los periodistas, presionando “para que revele el secreto profesional, periodístico o la fuente de su información”.
Contra ellos, habría una sanción de tres a nueve años de prisión, junto a una multa de 86 mil 435 a 121 mil 9 pesos. Igual que en el artículo anterior, se elevaría hasta 13 años y medio si la acción es cometida por funcionarios.
“Quieren manipular la opinión pública”
En rueda de prensa, el diputado Humberto Aguilar Coronado dijo que, en los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 30 periodistas han sido víctimas de violencia, lo cual calificó como un incremento en comparación a las 48 víctimas que hubo durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“Quienes agreden a periodistas buscan restringir la libertad de expresión, impedir el acceso a la información y manipular a la opinión pública y al público”.
Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera Hernández recriminó la actitud del gobierno federal contra el gremio de la información, la cual, se suma a un escenario de agresiones y asesinatos.
“Es lamentable los hechos de violencia que últimamente se han dado en nuestro país contra los periodistas, demás ya la historia de periodistas agredidos, secuestrados, asesinados”.
Agresiones contra periodistas, el pan de cada día
Desde que inició 2022, los ataques contra la prensa se han identificado desde distintos frentes. Por una parte, López Obrador ha insistido en estigmatizar al gremio, ante las investigaciones por irregularidades en su administración o por documentar acciones contrarias a la austeridad de la Cuarta Transformación.
El pasado 14 de febrero, el mandatario federal exhibió de nueva cuentalos ingresos de Carlos Loret de Mola, quien encabezó una investigación sobre José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador que “trabaja” para una empresa con múltiples contactos con Pemex.
La polarización también ocurre cuando van cinco asesinatos de periodistas en distintos estados, quienes investigaban actos de corrupción en sus comunidades o mantenían algún conflicto legal con actores políticos, como el caso de Lourdes Maldonado López, quien ganó un litigio laboral contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
En 2013, Lourdes Maldonado presentó una denuncia a la empresa de Jaime Bonilla, Primer Sistema de Noticias (PSN), por despido injustificado. Pasaron nueve años para que la periodista ganara el juicio y procediera un embargo de 500 mil pesos. Días después, fue asesinada a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas.
