El representante de los concesionarios del transporte público en Puebla, Arturo Loyola González consideró que será complicado que los dueños de las diferentes rutas que transitan por el estado puedan pagar los nuevos kits de seguridad, al señalar que el precio de 25 mil pesos que se pedirá por los aditamentos es elevado.
Estos kits incluyen cámara de videovigilancia, botón de pánico y un GPS para monitorear las unidades que estarán vinculadas al C5, programa que arrancará en unas semanas más y que forma parte de la modernización del transporte público que anunció el gobernador Miguel Barbosa.
El también presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló que existe incertidumbre en el gremio, debido a que el proyecto de modernización de las unidades fue un fracaso con el ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, quien se benefició de contratos.
El horno no está para bollos y andar haciendo gastos, que al final de cuentas no se cumplen, no por parte de ellos (los transportistas), sino de parte de la autoridad”.
Loyola González explicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte Público —encargada del programa— debe tener en cuenta distintas opciones y no obligar al gremio transportista a comprar el kit de seguridad con una sola empresa, ya que “los transportistas muchas veces cuentan con mejores opciones de precio” si buscan con otros proveedores.
Resaltó que en próximos días buscará reunirse con los concesionarios del transporte público de Puebla, con la finalidad de plantear alguna alternativa para fortalecer la seguridad en las unidades y que los usuarios “viajen de manera tranquila”.
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Este mes sale la licitación
El pasado martes, la titular de la SMT, Elsa Bracamonte González, indicó que este mes saldrá la licitación pública nacional para contratar a la empresa que se encargará de una nueva instalación de equipos de seguridad, la cual, venderá los kits en 25 mil pesos, mismos que los concesionarios deberán pagar.
En entrevista con CENTRAL, expuso que se trata de un único pago, tras el cual, los transportistas solo deberán pagar su consumo de datos de conexión para el kit de seguridad, pues las cámaras y botones de pánico estarán conectadas al Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo (C5).
Explicó que, de las 5 mil cámaras de videovigilancia instaladas con Aréchiga Santamaría, solo se pueden reutilizar 550, mientras que los 4 mil 450 restantes quedaron inservibles, pues no estuvieron vinculadas al C5.
Garantizó que, con su nueva estrategia, se cumplirá la meta de modernizar el transporte público de Puebla y hacerlo más seguro, tras el fracaso que heredó Aréchiga Santamaría, quien se benefició con este programa a través de empresas fantasmas.
CENTRAL informó que, de las 21 empresas contratadas para monitorear en tiempo real el transporte público, 13 eran fantasma y estaban presuntamente vinculadas a uno de sus hijos.
Su sucesora detalló que, por ese motivo, no funcionaban los botones de pánico ni las cámaras. La estrategia de Aréchiga Santamaría consistía en vincular cualquier llamada de apoyo al 911 y no al C5, como se prometió. Esto ocasionó que la atención de las autoridades ante algún siniestro fuera lenta.
El pasado 5 de marzo, el ex funcionario fue enviado a prisión Preventiva al penal de San Miguel, en Puebla capital, tras una audiencia inicial ante el juez de control, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.
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