Este 2024, los cinco linchamientos registrados en el estado de Puebla dejaron 11 personas muertas; por lo que, desde el Congreso Local, los diputados buscan endurecer este delito con penas que llegan hasta los 15 años de cárcel.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de enero a octubre se documentaron 224 intentos de linchamientos, por lo que desde el Congreso de Puebla se propone aumentar la pena de cárcel a los que tomen la justicia por mano propia.
Cabe mencionar que estos hechos se registraron en 72 municipios; es decir, en el 33.3 por ciento del territorio poblano.
Las cifras de linchamientos significan que, en promedio, ocurrieron estos hechos en uno de cada tres municipios de Puebla este 2024. De los cuáles, 191 fueron atendidos con éxito por los ayuntamientos; mientras que, en 30 casos, la Segob tuvo que intervenir.
El titular de gobernación estatal, Javier Aquino Limón, advirtió que hace falta que los municipios apliquen el protocolo para evitar este tipo de incidentes.
A causa de las lesiones infringidas por las turbas, 11 personas fallecieron en el lugar; en algunos casos los pobladores incendiaron los cuerpos. Esto, en gran medida provocado por la impunidad y hartazgo de los pobladores, al ser víctimas de robo.
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Morena propone iniciativa para aumentar las penas por linchamientos
El linchamiento más reciente en Puebla se registró el pasado fin de semana, en el municipio de Atzitzihuacán. Donde tres hombres acusados de “robachicos” perdieron la vida a manos de más de 200 pobladores.
Ante este escenario, el diputado de Morena, Andrés Villegas, presentó una iniciativa para tipificar el delito en la entidad.
En sesión ordinaria, el morenista propuso reformar el Código Penal del Estado para castigar este tipo de actos. Pues actualmente solo se investigan y sancionan como “homicidios tumultuarios”.
El legislador de Morena en Puebla propuso endurecer las sanciones en contra de las personas que cometan e inciten a los linchamientos hasta con 15 años de cárcel.
Esta reforma también contempla sanciones en contra de los servidores públicos que no apliquen los protocolos para impedir que se consumen estos actos.
Asimismo, propone sanciones a quienes inciten a cometerlo y a autoridades que no actúen conforme al protocolo para impedir que se lleven a cabo los linchamientos, para de esta manera evitar que se aplique la famosa “Ley del Talión”.
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