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Este 2023, el Poder Judicial de Puebla iniciará con el pie derecho debido a que este martes se aprobarán las leyes secundarias que se modificaron tras las reformas constitucionales.

En conferencia matutina, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que la reforma al Poder Judicial es un paso a la consolidación de una nueva visión.

Tras esto, sentenció que se brindará de herramientas al Poder Judicial ya que las leyes secundarias son un tema importante para la impartición de justicia.

Es de mencionar que, el Congreso de Puebla concretará esta semana la reforma al Poder Judicial del Estado que envió el exgobernador, Miguel Barbosa, con ella la aprobación de las leyes secundarias para que pueda entrar en vigor esta modificación.

Las leyes secundarias es un tema importantísimo porque genera las herramientas al Poder Judicial para que puedan dar paso a la consolidación de una nueva visión y permitir que en enero empiecen con el pie derecho”.

Estos pendientes se aprobarán en el pleno de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.

En noviembre, se aprobó la reforma al Poder Judicial entre las que se evitará que los jueces incurran en conflictos de intereses.

Sergio Salomón respalda aprobación del DAP

En otro tema, el mandatario estatal se pronunció al respecto de la aprobación del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP). Pues sentenció que es un hecho que ya se venía cobrando desde hace muchos años y solo el Congreso de Puebla le dio visibilidad y legalidad.

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Céspedes Peregrina recordó que años atrás se realizaba el cobro a manera de discreción. Pero ahora, tras el apoyo del Congreso ya se incluye en las Leyes de Ingreso de cada municipio.

Por ello, respaldó que 154 municipios que solicitaron cobrar el DAP lo puedan hacer en 2023, entre ellos está Puebla y San Andrés Cholula.

Antes esto, llamó a que los Ayuntamientos no generen cobros excesivos. También, a que declaren como van a aplicar estos recursos a través de un ejercicio de transparencia.

La corte se pronunció para que no sea impuesto y se garantizó que los cobros no sean excesivos pero la responsabilidad de solicitarlo es de los presidentes municipales y el Congreso solo lo registro en la ley de ingresos”.

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