Este día liberaron al empresario José Antonio Vázquez Torales, dueño de la empresa Rotor Flight Services, la cual dio servicio y mantenimiento al helicóptero en el que murió el senador Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa, la gobernadora Martha Erika Alonso.
El empresario, dueño de Rotor Flight Services, se mantenía en prisión preventiva justificada acusado de homicidio del matrimonio Moreno Valle-Alonso. Así como de sus tres acompañantes, acaecidos el 24 de diciembre del 2018.
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Un juez le había ordenado prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, su defensa pudo proporcionar elementos para liberar al dueño de la empresa de mantenimiento.
Entre los hechos justificados se encuentran: el arraigo familiar del empresario y comprobantes de arraigo laboral, con el objetivo de demostrar que ya no representaba riesgo para las supuestas víctimas. Tampoco tenía riesgo de fuga si continuaba su proceso en libertad.
Por ello, un juez del Poder Judicial de Puebla determinó que el empresario dueño de Rotor Flight Services podría dejar el penal de San Miguel.
El hecho fue calificado como un logro por el abogado Víctor León Rueda quien dio a conocer la noticia en redes sociales a través de su cuenta de Twitter.
La defensa del dueño de la empresa Rotor Flight Services estuvo encabezada por el abogado Eduardo Rojano, quien tuvo como colitigante Sergio Arana.
Detención del dueño de Rotor Flight Services
Como PÁGINA NEGRA informó, el empresario fue uno de los primeros detenidos el pasado 24 de diciembre del 2020, dos años después del accidente.
Lo aseguraron junto con trabajadores de la empresa . Tales como Ricardo. N., María Magdalena N. e Israel N., todos ellos eran encargados del mantenimiento del helicóptero Agusta en el que viajaban la gobernadora y su esposo, el senador panista.
Hasta marzo del 2021 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) mantenía a ocho personas vinculadas a proceso ante el juez de control por el accidente del 24 de diciembre de 2018. En el siniestro fallecieron la entonces gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas.
Según la investigación del gobierno federal los errores de mantenimiento fueron responsabilidad de los trabajadores de la empresa Rotor Flight Services.
En marzo de 2020, después de diversos peritajes, algunos internacionales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó que el helicopterazo haya sido parte de un atentado. Esto debido a que se encontraron materiales explosivos o ajenos a la aeronave.
La dependencia federal aseguró que sucedió por cuatro factores. Entre ellos una falla en el “actuador lineal” provocada por dos tornillos sueltos, falla que fue detectada desde el 13 de octubre del 2018 y aun así la empresa Servicios Aéreos del Altiplano dejó que continuara operando.
La FGE había tomado esta investigación federal para iniciar cargos contra el empresario y sus empleados. Esta resolución del juez abre la puerta para que más involucrados de la empresa salgan en libertad.
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