Familiares de Ricardo N., uno de los ocho detenidos e investigados por el homicidio culposo de la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador panista Rafael Moreno Valle y tres personas más, se manifestaron este día en la zona del Juzgado Penal Federal y el centro de readaptación de San Miguel en la capital de Puebla.
Ricardo fue uno de los primeros detenidos el pasado 24 de diciembre del 2020, dos años después del accidente. Fue asegurado junto con José Antonio N., María Magdalena N. e Israel N”, todos ellos empleados de Rotor Flight Services, encargada del mantenimiento del helicóptero Agusta en el que viajaban la gobernadora y su esposo el senador panista.
Hasta marzo del 2021 la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo ocho vinculaciones ante el juez de control por el accidente del 24 de diciembre de 2018, en el que fallecieron la entonces gobernadora Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.
A Ricardo y las siete personas más detenidas se les acusa por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.
Según la investigación del gobierno federal los errores de mantenimiento fueron responsabilidad de los trabajadores de la empresa Rotor Flight Services. Después de diversos peritajes, incluso internacionales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descartó en marzo del 2020 que el helicopterazo haya sido parte de un atentado, pues no se encontraron materiales explosivos o ajenos a la aeronave.
La dependencia federal aseguró que sucedió por cuatro factores, entre ellos una falla en el “actuador lineal” provocada por dos tornillos sueltos, falla que fue detectada desde el 13 de octubre del 2018 y aun así la empresa Servicios Aéreos del Altiplano dejó que continuara operando.