Los nombramientos a modo en el Poder Judicial, la falta de autonomía presupuestal y la opacidad, ponen en riesgo la independencia judicial en Puebla.
El estudio “Independencia Judicial ¿Dónde Estamos?”, elaborado por la organización México Evalúa, evidenció las amenazas que enfrenta la autonomía del sistema de justicia en nuestro país.
La organización destaca que el panorama se ha complicado por la disputa entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También se volvió costumbre para el presidente acusar a juzgadoras por, supuestamente, liberar a presuntos delincuentes, pasando por alto la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, tanto de las personas que presuntamente cometieron delitos como de las juzgadoras, así como la libertad de criterio de estas últimas para emitir sus resoluciones”.
Indica que dicho conflicto se ha replicado también en Puebla, con el precandidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta. Quien, en su papel de senador, prometió presentar una reforma para “democratizar” al Poder Judicial.
Para valorar la independencia judicial en Puebla y el país, México Evalúa revisó las garantías en los estándares internacionales. Además de cómo se reflejan en las normativas estatales y las prácticas internas de los Poderes Judiciales.
Se define la independencia judicial como la garantía para que las decisiones tomadas por los juzgadores no estén influenciadas y ejerzan su función de forma imparcial. Es decir, que estén basadas en los hechos y el derecho. No en un interés político, beneficio económico o mediático.
El estudio evaluó 51 indicadores, divididos en independencia institucional, profesional y funcional. Puebla fue el sexto lugar con más acreditados, siendo 21. Tan solo fue superado por Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y Tabasco.
En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa y Aguascalientes, fueron los que menos indicadores aprobaron.
Sin embargo, Puebla no cumplió ni siquiera con la mitad. Pues solo consiguió una aprobación del 41 por ciento. Además de que, en el 31 por ciento de los indicadores, no se localizó información para analizar por la “opacidad” en el Poder Judicial.
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¿Cuáles son las deficiencias detectadas en la normativa del Poder Judicial?
El estudio reflejó que en Puebla no existió una autonomía completa en la designación de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Toda vez que en un “corto tiempo”, la presidencia se renovó.
Además de que el exgobernador, Miguel Barbosa Huerta “impuso” a su consejero Jurídico, Carlos Palafox, como magistrado, y posteriormente como presidente.
Entre las deficiencias detectadas en el Poder Judicial de Puebla se encuentra:
- El proceso de designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no se realiza con seguimiento de un proceso con reglas establecidas y objetivas.
- No se prevé que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia cuente con inamovilidad durante el tiempo de su encargo.
- No se prevén las causales y el proceso que debe seguirse para la destitución la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
- No se prevé un monto mínimo o porcentaje de recursos que se deba asignar al Poder Judicial.
- El presupuesto asignado al Poder Judicial para 2023 representa, por lo menos, el 2 por ciento del presupuesto estatal.
- La normativa prevé que las reducciones al presupuesto asignado al Poder judicial deberán contar con su consentimiento.
- La contraloría se designa externamente al Poder Judicial.
- La normatividad prevé que la designación de las juezas se realizará por un periodo único e improrrogable.
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