Desde hace medio año, el Gobierno de Puebla, a cargo de Alejandro Armenta Mier, investiga el supuesto desvío de recursos a través de la Fundación Mary Street Jenkins.
Así lo confirmó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, quien mencionó que el señalamiento es por un fideicomiso de 14 mil millones de pesos.
El supuesto desvío de dinero de la Fundación Mary Street Jenkins se destinó a paraísos fiscales, de acuerdo con las primeras versiones.
Actualmente, el caso vuelve a ser del ámbito nacional, pues en su conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que lo investiguen.
Esto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para resolver si existió una transferencia de fondos de la fundación. Misma que respalda a través de un patronato a la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), así como otras instituciones.
Sobre la mañanera de nuestra presidenta, hay un señalamiento sobre este fideicomiso de la Fundación Jenkins con el patrimonio que se contaba de alrededor de 14 mil millones de pesos”.
García Parra indicó que, en cuanto al Gobierno de Puebla, es la Consejería Jurídica la que se encarga de las investigaciones del caso de la Fundación Mary Street Jenkins.
Mientras que, por el lado de la Federación, será la Unidad de Inteligencia Financiera la que se ocupe de los análisis.
Después de mencionar que ese es un conflicto entre particulares, aseveró que el Estado da acompañamiento y seguimiento para esclarecer lo ocurrido. Por lo que, en su momento darán a conocer los resultados de la investigación.
UIF también investigará supuesto desvío de recursos de Fundación Mary Street Jenkins
Además del Gobierno de Puebla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también investigará el supuesto desvío de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins. Esto por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria instruyó a este instituto llevar a cabo lo necesario para descartar o confirmar la acusación.
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Lo anterior, generó una serie de conflictos durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
En su momento, el exmandatario acusó que la familia Jenkins utilizó la Udlap para distraer el desfalco que realizaron a través de la fundación.
Dicha declaración se dio en medio de la toma de las instalaciones educativas, lo que orilló a maestros y estudiantes tomar clases en línea.
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