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La familia Jenkins está usando a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como una forma de distraer la atención del fondo que es el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins, declaró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, dijo que no hay excusas para que los estudiantes regresen al campus a realizar sus actividades académicas; sin embargo, la rectora interina Cecilia Anaya Berríos y el patronato histórico continúan negándose para provocar confusión a la comunidad y a la opinión pública.

Se usa ese argumento para tratar de distraer la atención del fondo que es el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins y la propia UDLAP se usa eso, ya quedó acreditado, ya no hay forma, ya no hay argumentos, pero ese es un elemento distractor para provocar confusión”.

Indicó que cada quien es libre de usar las estrategias que requieran; no obstante, el litigio por el desfalco de los 720 millones de dólares seguirá en marcha en los tribunales.

Barbosa señaló que no hay forma de que los Jenkins recuperen el control del patronato de la UDLAP, pues son los responsables del desfalco y existen órdenes de aprehensión en su contra.

Un juez resolverá el litigio por la UDLAP y la Fundación Mary Street Jenkins

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa dijo que será un juez quien resuelva el litigio de los Jenkins respecto a la UDLAP, así como las autoridades correspondientes y no la opinión del mandatario del estado o de un político.

Que pueda ser los señores que desfalcaron a la fundación los representantes no, no puede ser, simple y sencillamente no puede ser, no debe de ser, pero hay un juez esto es un litigio y que lo resuelvan las autoridades correspondientes, no la opinión del gobernador no la opinión de un político”.

El pasado sábado, la familia Jenkins perdió el campus debido a que el juez tercero de distrito en materia de Amparo Civil dejó sin efectos el amparo para devolverles la institución al patronato y a la rectora Cecilia Anaya.

El fallo ha provocado conmoción entre la comunidad UDLAP, quienes acusan que se trata de un “robo jurídico”.

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