El Gobierno de Puebla tiene más de mil millones de pesos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), más de la mitad corresponde a Miguel Barbosa.
Así lo reconoció el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle, quien detalló que las irregularidades se encuentran en la nómina.
Este día declaró en comparecencia que, desde 2017 a 2022 se acumularon observaciones por tres mil 995 millones 844 mil pesos. Mismas que corresponden al final del gobierno de Rafael Moreno Valle y las administraciones de Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta.
Además, Juan Carlos Moreno Valle informó que, de los pliegos de observaciones y recomendaciones ante la ASF y el gobierno de Puebla, solventó 2 mil 165 millones 470 mil pesos.
Sin embargo, aún queda por solventar mil 25 millones de pesos, cifra que el funcionario estatal reconoció que es elevada.
No obstante, dijo que confía en que la ASF pueda eliminar las observaciones, al señalar que ya se entregó la documentación completa para justificar la observación.
Tenemos la tranquilidad de que se entregó la documentación comprobatoria, por lo que yo considero que de estos mil 25 millones pendientes estaremos en posibilidades próximamente de tener los pronunciamientos de la Auditoría Superior de la Federación y el monto debe de bajar considerablemente”
Más de la mitad de las observaciones de la ASF se registraron en el Gobierno de Barbosa
La principal observación no solventada se encuentra en la nómina del gobierno del estado en donde supuestamente existen diferencia en las fechas de pagos. CENTRAL documentó que esta irregularidad se registró en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta en el año 2021.
Según la auditoría 2021-A-21000-19-1404-2022, se detectó pagos excedentes a 29 mil 580 en trabajadores del estado. Por lo que, la ASF detectó un presunto daño patrimonial por 593 millones 458.98 pesos.
Entre los supuestos beneficiarios de este aumento se encuentran maestros y policías; sin embargo, las cifras no corresponden a los “tabulados”.
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Otros datos de la SFP
Durante la comparecencia, también se evidenció que la SFP recibió 2 mil 95 quejas en contra de funcionarios públicos por faltas administrativas.
Por ellas, la dependencia inició 365 expedientes por responsabilidad administrativas. De tales que 86 son consideradas faltas graves.
Entre estas denuncias, se encuentran cuatro funcionarios públicos acusados de participar en actos proselitistas a favor de las “corcholatas”. Sin embargo, no hay sanciones contra ninguno de ellos.
A su vez, la SFP realizó auditorías a la compra del terreno, construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla y su proyecto ejecutivo afín de garantizar la transparencia en el proceso.
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