La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño patrimonial del barbosismo a Puebla en tres años de gestión, por más de mil 800 millones de pesos.
A pesar de que Miguel Barbosa Huerta presumió los pilares de la 4T acumuló estas irregularidades, según evidenció el informe del Sistema Público de Consulta de Auditorías.
Desde 2022, la ASF emitió un total de 25 Pliegos de Observaciones por presunto daño patrimonial en contra del barbosismo. Mandato que concluyó en diciembre del 2022 con el fallecimiento del exgobernador.
Miguel Barbosa asumió el mando del estado desde el 31 de junio del 2019. Tras ganar las elecciones extraordinarias convocadas a raíz de la muerte de Martha Erika Alonso en un accidente aéreo.
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Durante su mandato aseguró que su máxima sería la de “No mentir, no robar y no traicionar” a los poblanos, siguiendo los pasos de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la ASF detectó irregularidades en el manejo de sus recursos.
Puebla suma un quebranto por más de mil 800 mdp en tres años
De acuerdo al recuento elaborado por CENTRAL, la suma del presunto daño patrimonial del gobierno de Miguel Barbosa Huerta a Puebla asciende a mil 829 millones 671 mil 453 pesos, a lo largo de sus tres años de administración.
En 2020, la ASF detectó un probable desfalco por 415 millones 344 mil 716 pesos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de comprobación en el pago de armas y municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además de penalizaciones no cobradas, contratos sin la documentación requerida, irregularidades en la impermeabilización de hospitales, entre otros. Gastos que a tres años de su erogación, no han sido justificados por los funcionarios del exmandatario.
Para 2021, la suma del presunto daño patrimonial de Miguel Barbosa a Puebla fue por mil 401 millones 352 mil 505 pesos.
Durante este año se evidenció el pago a 66 presuntos “aviadores” en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además de pagos excesivos a 32 mil 836 trabajadores de diferentes áreas.
Asimismo, identificaron otro desfalco en la SEP, a cargo de Melitón Lozano. Quien no pudo corroborar la entrega de zapatos escolares, falta de información contractual y diferencias en gastos reportados y devengados.
En cuanto al último año de gobierno, 2022, la ASF refirió que la suma ascendió a 12.9 millones de pesos. Esto a pesar de que durante la primera entrega del informe descartó un presunto daño patrimonial a las finanzas del estado.
Estos 12.9 millones de pesos son divididos entre la entrega de 19 mil 924 acciones de vivienda que no cuenta con la documentación suficiente. Además de las irregularidades en cinco proyectos de electrificación no convencional y el sobrecosto presentado en “proyectos ejecutivos”.
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