Exfuncionarios, políticos y personas con problemas legales, son algunos de los dueños de los 29 verificentros que se encuentran en Puebla, otorgados por el gobierno estatal.
El 23 de noviembre de 2021, la administración de Miguel Barbosa Huerta emitió la licitación para entregar 34 concesiones de centros de verificación. Estos operarían en 20 municipios del estado, de los cuales 10 estarían en la capital.
Sin embargo, en una primera etapa, el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente, solo entregó 16 concesiones; y en una segunda etapa 13, para un total de 29 verificentros.
No se logró obtener los 34 sitios de control, debido a que varias propuestas no cumplieron con los requisitos mínimos expedidos por la dependencia, a cargo de Beatriz Manrique Guevara
Estas 29 concesiones fueron entregadas a 19 personas físicas y morales. De ellos, cinco se trata de empresas y 14 son personas físicas, los dueños de los verificentros de Puebla.
Deudores alimentarios y responsables de accidentes
Entre la lista de representantes legales, existen algunos que han tenido problemas menores con la ley. Que van desde percances viales hasta deudores alimentarios.
Uno de los ganadores de la licitación es José Antonio González Bedolla, representante legal de la empresa Gestión de Emisiones Urbanas. Quien obtuvo dos concesiones de los verificentros de Puebla.
En diciembre de 2007, el empresario fue denunciado por deudor alimentario por su expareja Paola López Valaguez, ante el Juzgado 21 Familiar del Ciudad de México.
Otro de los ganadores de una concesión es José Carlos Barragán Ortiz, quien es hijo del expresidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán.
También se desempeñó como excolaborador de la campaña presidencial en Puebla del priista José Antonio Meade. Sin embargo, se hizo famoso después de atropellar a dos motociclistas sobre la Avenida Zaragoza en su municipio.
De acuerdo con los primeros informes, el “junior” conducía en estado de ebriedad y después se dio a fuga en mayo de 2021. Dos años después, obtuvo una de las concesiones de los verificentros de Puebla, de acuerdo con el contrato 61053507.
Otro de los propietarios de un centro de verificación es Samuel José López Garzón. Quien en abril de 2009 fue el responsable de un accidente vial que dejó a cinco personas lesionadas.
Los hechos se dieron a la altura del Bulevar Valsequillo y Bulevar Cinco de Mayo en la Ciudad de Puebla.
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El responsable impactó la parte trasera de una patrulla cuando ésta se dirigía a un auxilio por robo a transeúnte.
Políticos y “ecologistas” dueños de verificentros de Puebla
Paulina Fernández Cappellesso y Víctor Marius Caraballo Bergeret, militantes del PVEM, son otros dos de los representantes legales de verificentros de Puebla.
En el primer caso, Paulina fue una de las propuestas del Verde para ser diputada federal. Mientras que Marius fue propuesto para ser concejal de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, en el pasado proceso electoral.
Otra de las ganadoras de las concesiones de verificentros es Estefanía Gavioto Nava. Ella fue candidata a diputada federal del Distrito 9, por Redes Sociales Progresistas (RSP).
También es la propietaria de la organización Ama México, que comparte razón social con el centro de verificación ubicado en Atlixco.
Esta organización se identifica como una impulsadora en el combate a las diferentes formas de pobreza. A través de la generación de empleo en zonas urbanas, conurbanas y rurales en condiciones de marginación y de extrema pobreza.
También se encuentra Gema García Sánchez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental.
Excontralor de Teziutlán, dueño de un verificentro
Un caso a resaltar es el de Oscar Paredes Vázquez, excontralor del Ayuntamiento de Teziutlán en el periodo 2018-2021. Quien cuenta con un verificentro en este mismo municipio.
Paredes también se ha desempeñado como contralor del Sistema Operador de los Servicios de Agua potable y Alcantarillado de Teziutlán (SOSAPATZ).
En la penúltima administración estuvo bajo el cargo de Carlos Enrique Peredo Grau, empresario inmobiliario que ha gobernado cuatro veces el municipio.
A Peredo Grau se le ha acusado de desvió de recursos a través de algunas empresas como: Codibo Constructores S.A. de C.V, Urbanizaciones Montoya y Grupo Constructor Fadal de la Sierra Norte de Puebla.
Además de embolsarse más de 250 mil pesos al mes durante su último gobierno. Un total de 44 mil pesos de su salario como presidente municipal, 87 mil 967 pesos por otra actividad financiera y 124 mil 877 pesos clasificados como “otros ingresos”.
Mientras tanto, en el caso de cinco personas dueñas de concesiones de verificentros en Puebla, no se logró obtener información de sus actividades empresariales.
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