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La Fiscalía General de Justicia carece de un plan de persecución penal que permitiría una mejor atención a las víctimas para asegurar el acceso a la justicia en el estado de Puebla, aseguró Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla.  

En entrevista para CENTRAL, el investigador en temas jurídicos explicó que, en Puebla, como en muchos estados del país, la lógica de trabajo de las Fiscalías no corresponde a la atención que merecen las víctimas de un delito.

Además de la ausencia de un enfoque de respeto a los derechos humanos en la Fiscalía, Simón Hernández señaló que este organismo autónomo cuenta con nula o poca presencia en los municipios en donde la delincuencia organizada supera a las Policías Municipales y la Policía Estatal Preventiva.

Urge capacitación en la Fiscalía de Puebla

De acuerdo con Simón Hernández, la Fiscalía General del Estado no garantiza la atención a víctimas porque su personal necesita capacitación para realizar trabajo de campo en la investigación de los delitos.  

“Si la fiscalía no es capaz de hacer una investigación con una pauta metodológica distinta, con la incorporación de evidencia científica, (…) resolviendo los temas de los municipios, más allá de la capital, vamos a tener una Fiscalía con mucho presupuesto, con mucho personal, pero con poca efectividad en lo que es su función de la investigación y la persecución del delito”, explicó Simón Hernández.  

Para el investigador de temas jurídicos, el presupuesto de mil 446 millones 184 mil 323 pesos, que le asignaron los diputados a la Fiscalía en el 2021, es suficiente para capacitar a su personal con una nueva metodología en la reunión de la evidencia de los delitos.

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Un cambio en la lógica de trabajo

Simón Hernández explicó que en los estados donde la Fiscalía muestra mejores resultados, los agentes del Ministerio Público no preconciben un delito porque, primero, investigan los hechos para determinar si el caso corresponde a un feminicidio o un homicidio, para ya no salir de esa lógica.  

Además, ejercen el presupuesto de acuerdo a una priorización que puede ser en la adquisición de tecnológica, de software, en la incorporación de especialistas para determinadas áreas o para fortalecer la investigación de los delitos.  

Lo que se necesita es un plan de persecución penal (…) a que le va apostar: a la delincuencia organizada, al huachicol, al robo de vehículos, tiene que haber una priorización de casos, cuando la Fiscalía investiga todo, tampoco son funcionales, (…) y esto debe ser en colaboración muy estrecha con la atención a víctimas”, aseguró el investigador de la IBERO.

En base a los datos de hace cinco años de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Simón Hernández señaló que, en la mayoría de las Fiscalías del país, el 70% del personal ocupa cargos administrativos. Por este motivo, declaró el investigador, existe poca investigación de los delitos.  

No solo es el presupuesto sino el diseño de la Fiscalía, es ahí en donde estamos atorados, en donde tenemos los mayores desafíos, en donde el fiscal se toma en serio esto (…) es a largo plazo, más allá de presupuesto que se diseñe una lógica de trabajo diferente”, sentenció Simón Hernández.

El caso de los abusos de la escuela “Gabino Barreda”

Un ejemplo claro de la falta de apoyo y seguimiento a las víctimas es el caso de los abusos sexuales a los niños de la escuela primaria “Gabino Barreda” del municipio de Francisco Z. Mena en la sierra norte de Puebla.

El pasado dos de agosto, PÁGINA NEGRA informó que a los padres de un niño que sufrió agresiones sexuales de un profesor de la escuela, una agente del Ministerio Público se negaron a recibirlos.  

Además, cuando abrió la carpeta de investigación, la agente del Ministerio Público les advirtió que solo les podían dar atención psicológica en la ciudad de Puebla.  

Las familias de por lo menos cuatro víctimas han presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la quinta familia inició recientemente los trámites para abrir la carpeta de investigación y presentó la denuncia ante la funcionaria Gloria Báez León, agente del Ministerio Público de la región, aunque poco antes se negó a recibirlos.

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