En comisiones, los diputados aprobaron la incorporación de deudores alimentarios del estado de Puebla en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Los integrantes de las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de la Niñez y la Familia, votaron por unanimidad el dictamen.
En este, se incorporaron ocho diferentes iniciativas para modificar el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de los Derechos de los Niños del Estado de Puebla.
La diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia, destacó que se busca que Puebla esté en “sintonía” con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Esto a fin de que el Poder Judicial del Estado “alimente” la base de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para exhibir a los los deudores.
La finalidad es conocer a los deudores alimentarios y que se les exija que cumplan”, dijo la diputada panista sobre el ingreso al Registro Nacional.
La reforma al Poder Judicial permite “suministrar, intercambiar, sistematizar y actualizar” la información de morosos alimentarios, con el propósito de que sus nombres se ingresen en el padrón nacional.
Cabe resalar que, hasta el momento, son 22 estados los que cuentan con un registro de deudores, en donde se muestra su nombre.
Sin embargo, en Puebla no existe una “lista negra” que permita consultar a los padres que no cumplen con sus obligaciones.
Con este registro, las autoridades podrán restringir la participación a procesos electorales a quienes estén inscritos en este padrón. Además de que, quienes intenten trabajar en la función pública, se podrán ver impedidos por este mandato.
Ley Sabina, un pendiente más en Puebla
Hasta este momento, la única forma de exhibir a los padres deudores, es a través de los tendederos públicos que se instalan en plazas públicas. A fin de que, por vergüenza, los padres den la pensión alimentaria que le es requerida por un juez.
Cabe señalar que la “Ley Sabina” es uno de los pendientes del Congreso de Puebla; para la creación de padrón propio.
La Ley Sabina es una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, llamada así en honor de su hija.
En ella, se busca el reconocimiento de la paternidad a pesar de la separación del matrimonio, para que continúen el cumplimiento de su obligación como progenitores.
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