La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial en Puebla de 27 millones 230 mil pesos, por el manejo de recursos en universidades y bachilleratos. Así como por opacidades en ayuntamientos en 2021, por el manejo de programas de seguridad, infraestructura y violencia de género.
En los Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2021, se precisa que en la entidad hubo 27 auditorías por 18 mil 186 millones de pesos, enviados por el gobierno federal.
Ajalpan no solventó el manejo de 5 millones 685 mil pesos, destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito (FISMDF), destinado a mejorar las zonas de mayor marginación.
La ASF detalló que la administración municipal no comprobó el gasto de 4 millones 99 mil pesos para prestaciones de servicio. Así como de un millón 585 mil pesos para “el pago de conceptos de obra que presentaron deficiencias en su ejecución”.
También, dentro del daño patrimonial en dicho municipio de Puebla, hubo dos pagos por 381 mil pesos mediante cheque, y no de forma electrónica, como se establece. Esto sucedió durante el ejercicio de Ignacio Salvador Hernández, prófugo por su presunta relación con el crimen organizado.
Cuautlancingo no transparentó el uso de 3 millones 643 mil 316 pesos, destinados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Los cuales usaron para el pago de obra que no se ejecutó.
De igual forma, no fue utilizada la cuenta bancaria adecuada para la transacción. Realizaron pagos con cheques sin justificar y no reintegraron recursos no comprometidos en el plazo establecido.
A su vez, Amozoc no aclaró el uso de 352 mil pesos en 2021, ya que los comprobantes de pago no cumplieron con los requisitos fiscales establecidos.
Asimismo, se determinaron irregularidades administrativas consistentes en que no se utilizó una cuenta bancaria única y exclusiva para los recursos del fondo, se identificaron pagos mediante cheque, y no de forma electrónica mediante abono en cuenta del beneficiario”, señaló el informe.
El posible daño patrimonial detectado en Chietla y Chignautla
En cambio, el posible daño patrimonial en los municipios de Chietla y Chignautla, fue debido a que no transparentaron el uso de 200 mil pesos.
Estos fueron ejercidos por cada administración, para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
En ambos casos, los ayuntamientos no entregaron la documentación que justificara el uso de estos recursos.
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Irregularidades en escuelas
El posible daño patrimonial en Puebla también incluyó a las instituciones educativas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) detectó irregularidades de 9 millones 460 mil pesos. Por el pago no autorizado de 63 plazas en 2021.
Lo mismo sucedió con la Universidad Tecnológica de Puebla, cuyas observaciones fueron por 3 millones 979 mil pesos. Empleados en el pago no autorizado de 51 plazas.
Esto, pese a que la institución “dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.
En cambio, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo y la de Tecamachalco, tuvieron observaciones por 828 mil y 772 mil pesos, respectivamente. No entregaron la documentación sobre el manejo de este dinero.
Todas las instituciones mencionadas deberán seguir solventando las irregularidades. De lo contrario, serían sujetos a sanciones administrativas o hasta penales, dependiendo de la gravedad del presunto desfalco.
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