Cinco ex presidentes municipales de Puebla se fueron sin comprobar el uso de casi 20 millones de pesos, recursos que ejercieron con irregularidades entre 2019 y 2020, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ex alcaldesa de Puebla, emanada de Morena, Claudia Rivera Vivanco se fue con el mayor daño patrimonial detectado en la revisión a sus cuentas públicas de 2019 y 2020, pues no comprobó 12 millones 90 mil pesos.
De Morena, dos presidentes municipales de Puebla más dejaron recursos sin comprobar. Se trata de Tehuacán, que en tiempos de Felipe Patjane dejó un daño patrimonial de 224 mil 77 mil pesos y Huauchinango que encabezó Gustavo Vargas Cabrera, dejó pendientes un millón 117 mil pesos.
En Coyomeapan, David Celestino Rosas fue postulado para la gestión 2018-2021 por el PAN, PRD, MC y PSI. De acuerdo con la revisión de sus cuentas públicas, las irregularidades ascienden a los 365 mil pesos, según cifras de la ASF consultadas por #DandoData.
Ajalpan tiene pendientes por aclarar 6 millones 42 mil pesos correspondientes a la cuenta pública 2020, el año en que el presidente municipal Ignacio Salvador Hernández se fugó por ser ligado al crimen organizado y dejó a cargo a su hijo Ignacio Salvador Tirso en el cargo, pues era su suplente.
Ninguno de estos ex presidentes municipales de Puebla permaneció en el cargo, a pesar de que podían contender por la reelección. Sólo Claudia Rivera compitió para repetir y perdió frente a Eduardo Rivera, por lo que ninguno podría aclarar el uso de los casi 20 millones de pesos.
Cuando estaba por concluir la gestión anterior de los presidentes municipales, en agosto de 2021, había 30 municipios que arrastraban un monto por aclarar de 732 millones de pesos.
Esto fue lo que los ex presidentes municipales de Puebla no comprobaron ante la ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el pasado 20 de febrero los últimos informes de fiscalización correspondientes a la cuenta pública de 2020. En ese sentido, quedaron registradas las irregularidades cometidas al menos durante los dos primeros años de los ediles en el periodo 2018-2021.
El primer año completo de los ediles fue el 2019 y en esa cuenta pública sólo se registraron dos municipios con irregularidades que, hasta ahora, no se han podido subsanar, es el caso de Coyomeapan y Tehuacán.
Felipe Patjane Martínez, ex presidente municipal de Tehuacán, estuvo en el cargo desde que rindió protesta el 15 de octubre de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2019, que fue detenido por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.
De acuerdo con la fiscalización a la cuenta pública 2019, el probable daño patrimonial cometido por la administración de Patjane se debió a que no regresó a la Tesorería de la Federación 224 mil 77 mil pesos, recursos comprometidos, pero no pagados a proveedores de obras.
También de la cuenta pública 2019, está pendiente de comprobar el uso de 365 mil pesos que supuestamente se gastaron en la elaboración de proyectos ejecutivos, pero la administración de David Celestino Rosas no comprobó que en realidad se gastara en esto el dinero.
Respecto a la cuenta pública de 2020, resalta el caso de Ajalpan, donde el edil prófugo, Ignacio Salvador Hernández y su suplente, no comprobaron el uso de 6 millones 42 mil pesos, que supuestamente se destinaron para acciones en juntas auxiliares y para el pago de asesorías.
El ex presidente municipal de Huauchinango tiene pendientes de comprobar ante la ASF un millón 117 mil pesos, ya que en 2020 llevó a cabo al menos dos proyectos que no operan por falta de seguimiento de su administración.
La auditoría consideró daño patrimonial la rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable en Huauchinango, pues tuvo un costo de 581 mil pesos, pero no funciona porque uno de los tubos del sistema está roto. Además, se pagaron 80 estufas ecológicas, pero no se instalaron.
La ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco sumó irregularidades por 12 millones 90 mil pesos. Están pendientes de comprobar 10 millones 612 mil pesos por el pago anticipado de una pública y la adquisición de materiales para las juntas auxiliares con motivo de la pandemia.
Además, irregularidades que ascienden a un millón 478 mil pesos destinados a seguridad. De este monto no se comprobó el uso de 849 mil 150 pesos para pruebas de confianza a elementos; 319 mil 394 pesos por motocicletas que no cumplieron con las características debidas; y 245 mil 688 pesos porque no se acreditó la existencia de una de las motocicletas.
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