Ante una nueva sospecha de filtraciones en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el Congreso local busca castigar a las autoridades y servidores públicos que difundan información sensible y vulneren a las víctimas, como es el caso de Sala de Despecho en Angelópolis.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, presentó la iniciativa para modificar la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.
Lo anterior surge tras una nuevas filtraciones relacionadas con el atentado ocurrido el fin de semana afuera de Sala Despecho. Según versiones difundidas, se criminalizó a una de las víctimas.
De acuerdo con las publicaciones, el móvil habría sido un ataque directo contra Joaquín Wirth, a quien señalaron presuntamente como narcomenudista.
Asimismo, algunos medios detallaron que, con base en fuentes oficiales, el ataque derivó de una deuda millonaria. Además, los responsables habrían vigilado al exestudiante de la Universidad de las Américas durante más de un mes.
Esta representa la segunda filtración atribuida a la Fiscalía de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, en casos recientes de alto impacto.
La primera ocurrió en el caso de Lydia Valdivia Juárez. Desde el área de comunicación de la Fiscalía de Puebla difundieron que no se encontraba embarazada.
Ella fingió su desaparición del 18 al 22 de enero, cuando autoridades la localizaron en el Estado de México.
En ambos casos, la Fiscalía de Puebla difundió información sensible de las víctimas. Por ello, la legisladora panista impulsó una reforma para sancionar estas conductas.
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¿En qué consiste la iniciativa del Congreso de Puebla para sancionar las filtraciones de información?
A través de la llamada “Ley Ingrid”, ya existe un marco jurídico que sanciona la filtración de imágenes, videos o datos de víctimas. Esta práctica las expone públicamente y prolonga el daño.
Por su parte, el Registro Estatal de Víctimas obliga a las autoridades a resguardar la confidencialidad de los datos personales.
En consecuencia, la iniciativa propone agregar el artículo 38 Bis a la Ley Estatal de Víctimas. Con ello, prohibiría a funcionarios difundir imágenes, documentos o información que vulnere a las víctimas.
Queda expresamente prohibido que el servidor público, por sí o por interpósita persona, difunda, publique, comparta, utilice o inutilice ilícitamente información, videos o audios que:
- Se encuentren bajo su custodia
- A los que tenga acceso
- De los que tenga conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión
La propuesta advierte que difundir este tipo de información afecta la dignidad, intimidad, seguridad e integridad de las víctimas. Además, genera un proceso de revictimización.
Por ello, plantea sancionar a las autoridades que incurran en estas conductas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas y Civiles.
Cabe señalar que la “Ley Ingrid” establece penas de seis a 12 años de prisión y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización para quien cometa este delito.
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