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La coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla propuso homologar en Puebla la Ley Ingrid —aprobada a nivel nacional— para castigar hasta con 15 años de prisión a cualquier persona o medio de comunicación que divulgue de fotografías y vídeos de víctimas que hayan sufrido algún tiempo de violencia física o sexual.

En Sesión Ordinaria de este jueves, la legisladora propuso modificar el artículo 422 del Código Penal estatal. Éste consiste en una homologación a la reforma que se hizo en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de marzo.

La propuesta respeta la misma pena del Código federal, que plantea un castigo de cuatro a diez años de prisión contra aquellos que:

Por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografié, videograbe, audiograbe, entregué, comparta, revele, envié, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”.

No obstante, la Ley Ingrid de Puebla propone que la pena aumente hasta en una mitad cuando las víctimas sean mujeres, niños o adolescentes. Es decir, una sanción de entre seis y quince años. Además, se agrega una multa de 14 mil 433 a 21 mil 649 pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

El feminicidio que provocó la Ley Ingrid

Nora Merino Escamilla recordó que está reforma se denomina como Ley Ingrid, en honor a Ingrid Escamilla Vargas. La joven víctima de feminicidio por parte de su pareja en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México.

Su cuerpo fue fotografiado como parte del peritaje. Sin embargo, las imágenes explícitas fueron difundidas en las redes sociales y utilizadas por los medios de comunicación en una exposición que dañó su dignidad.

La indignación se sublevó en redes sociales con el hashtag “#MeEnoja”, lo cual empujó a que la Cámara de Diputados pudiera prohibir esta difusión.

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