Con la propuesta de crear grupos de ayuda mutua, se busca promover un movimiento social, con el objetivo de pedir al gobernador Miguel Barbosa Huerta que los centros y lograr que los anexos de Puebla se iban y eviten prácticas abusivas al interior de estos centros.
“No todos los centros de rehabilitación son iguales”, asegura Fernando Ardavín, voluntario de centros de rehabilitación, quien tomó la iniciativa de generar este movimiento. Él considera relevante que algunos anexos en Puebla permanezcan como Grupos de Ayuda Mixta, donde los pacientes no son agredidos.
Estos espacios, se enfocan en lograr la recuperación de las personas mediante terapias psicológicas y un acompañamiento afectivo, que se fortalece con la solidaridad de los propios internos, donde, también se fortalece su deber social: un esquema que se opone a las agresiones que ocurren dentro de los anexos. Para lograrlo, se busca un acercamiento con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Una residencia color café se pierde en la fila de casas sobre la calle Río Salado, en la colonia Jardines de San Manuel. Sin embargo, no es una residencia común. En sus blancas paredes, personas de todas las edades buscan recomponer una vida que el alcoholismo y la drogadicción alteraron, en la ciudad de Puebla.
El sol apenas entra por la sala de juntas del Centro de Rehabilitación donde es voluntario, dejando las paredes y los pasillos en una penumbra que los focos apenas logran abatir. En ese pequeño espacio, los pacientes reúnen sus sillas frente al robusto atril de madera que ocupa un miembro de Alcohólicos Anónimos (AA) y otros expertos en psicología y adicciones.
La diferencia con los anexos convencionales es que la mayoría de los asistentes están por voluntad propia, una vez que han decidido combatir aquello que, desde hace años, los consume. La permanencia es solo para acudir a las sesiones o, si así lo necesitan, quedarse a vivir en este espacio que también funciona como refugio, con sus literas y los alimentos que los organizadores preparan mediante donaciones.
MANTENTE AL DÍA CON TODO LO ÚLTIMO EN NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Fernando Ardavín es un férreo creyente de que la violencia en los centros de rehabilitación no es la mejor forma de ayudar a un adicto. Aunque lleva tres semanas en la Clínica Rush, a sus cuarenta años es un fervoroso creyente de que el amor y la comprensión son la alternativa, ante los abusos y la vorágine de violencia que los pacientes están acostumbrados a vivir, tanto en los anexos como en su cotidianidad, y que ellos mismos replican.
De carácter fuerte y voz contundente, asegura que la expiación de los adictos no debe ser mediante los golpes, sino que ellos, sabedores del daño que, en algunos casos, han causado, deben retribuir a la sociedad como principal camino hacia el perdón. Mientras habla, las referencias a Dios son constantes.
“No voy a permitir que les den cachetadas ni que los toquen. Tengo que buscar la manera para que esto realmente sea una rehabilitación y un modelo a seguir”, dice mientras muestra las instalaciones.
Por ello, su propuesta es unificar a los demás anexos de Puebla capital, para modificar esta conducta punitiva y lograr que orienten sus trabajos a dar confianza a los internos, así como inculcar una vocación productiva y erradicar prácticas internas que solo fomentan otras conductas delictivas. Y es que, precisa que la mención de cualquier experiencia sobre algún robo puede ser suficiente para que los internos aprendan nuevas formas de delinquir.
Fernando difiere con la práctica de AA, sobre incentivar en los afectados que “solo vean por ellos mismos”.
Es que ayudando a los demás te ayudas (habla de forma acelerada). Acá en AA, te dicen que tienes que ser egoísta, te dicen eso y yo no creo. Ayuden, ¿Quién hace obras de misericordia, espirituales, corporales?, ¿Quién se preocupa por la demás gente?, ¿Quién ve por el desarrollo social? Nadie. Entonces ahí viene la recuperación.
Explica que desde que ingresó a la Clínica Rush, ha insistido en que los internos se comprometan a enmendar aquellos daños que hicieron, tanto contribuyendo a que la casa se mantenga con donativos en especie, o con otra causa que el propio afectado pueda considerar necesaria.
De esa manera, expresa que solo cobran dos mil pesos mensuales por aquellas personas que son muy problemáticas. Fuera de ellos, todos —hace hincapié—, pueden acudir a las sesiones de manera gratuita: “Aquí nadie tiene el derecho a discriminar y es gratis para el que verdaderamente lo quiere”, escribe Fernando en los volantes que diariamente reparte a los transeúntes que puedan necesitar asesoría.
Para acabar con las agresiones dentro de los anexos de Puebla y alcanzar una recuperación positiva, se ha reunido con representantes del AA y de otras agrupaciones. La meta: lograr una reunión con Miguel Barbosa, de cara a la regulación de estos centros que busca el mandatario poblano.
La regulación de anexos en Puebla
El 9 de junio, Miguel Barbosa presentó al Congreso del Estado de Puebla una reforma a la Ley Estatal de Salud, para mejorar la atención de los pacientes, ante las prácticas violentas y las constantes muertes que han ocurrido en algunos de estos espacios.
Con una modificación al artículo 9, se propone que el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) tenga como atribución vigilar la creación de dichos espacios, “así como el funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud mental y adicciones”.
También, deberá “informar a las autoridades competentes sobre el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables de los establecimientos de servicios de salud mental y adicciones, para que procedan a la investigación y sanción correspondiente”.
En el artículo 50, se propone que las instituciones públicas y privadas de salud mental y de adicciones, deberán evitar cualquier tipo de discriminación por alguna discapacidad, “atendiendo con respeto de los derechos humanos a las personas internadas”.
Además, que cada centro deberá tener personal suficiente y capacitado para dar una atención integral, así como apoyar a los pacientes conforme al tipo de padecimiento o grado de adicción que sufran.
Para que los anexos de Puebla cumplan con esta regulación, Miguel Barbosa propuso modificar el artículo 258 Bis del Código Penal, con la finalidad de imponer una pena de dos a cuatro años de prisión a los infractores, así como una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.
La iniciativa aún no ha sido discutida en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucional, de Procuración y Administración de Justicia y de Salud.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico