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Este jueves, fue presentada en el Congreso local la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para regular los centros de salud mental y los anexos de Puebla, con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes e imponer hasta cuatro años de prisión por no cumplir con las nuevas normas que se establezcan.

Ante las constantes muertes en anexos y la falta de cuidados que sufren los internos, el mandatario poblano propuso una serie de modificaciones, como reformar el artículo 12 de la Ley Estatal de Salud, para que la Secretaría de Salud tenga la atribución de “supervisar, vigilar y controlar que los establecimientos que presten servicios de atención a la salud mental y adicciones cumplan lo dispuesto en la normatividad”.

Con ello, también se plantean varias modificaciones a la Ley de Salud Mental que impacten positivamente tanto en la atención psiquiátrica de cualquier persona, como en aquellos que están en un centro contra la adicción.

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Entre ellas, una al artículo 9 para adherir al Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) la atribución de capacitar al personal de instituciones dedicadas a problemas mentales, en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

En el caso de los anexos, que estos centros se encarguen de “vigilar la creación, así como el funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud mental y adicciones”.

A su vez, “informar a las autoridades competentes sobre el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables de los establecimientos de servicios de salud mental y adicciones, para que procedan a la investigación y sanción correspondiente”.

Un trato apegado a los derechos humanos

Por otra parte, en el artículo 50, se propone que las instituciones públicas y privadas de salud mental y de adicciones, deberán evitar cualquier tipo de discriminación por alguna discapacidad, “atendiendo con respeto de los derechos humanos a las personas internadas”.

Además, que cada centro deberá contar con el personal necesario y capacitado para dar una atención integral a los pacientes, así como apoyarlos conforme al tipo de padecimiento o grado de adicción que sufran.

Para garantizar que los centros de salud mental y los anexos de Puebla cumplan con la regulación, el gobernador propuso modificar el artículo 258 Bis del Código Penal, para castigar a los infractores con una pena de uno a cuatro años de prisión, asó como una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.

La iniciativa fue turnada a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucional, de Procuración y Administración de Justicia y la de Salud.

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