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Este jueves, el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos, el inicio de funciones de la Unidad Técnica, órgano fiscalizador que revisará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que revisa las cuentas públicas y vigila actos de corrupción en Puebla.

El Pleno avaló con 31 votos a favor y ocho abstenciones del PAN, el decreto para que la Unidad Técnica comience a trabajar como un órgano dependiente del Legislativo.

La presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, Joselyn Olivares López destacó que este cuerpo ya está listo, tras la contratación de personal y la designación de recursos.  

El Reglamento Interno de la Unidad Técnica, tiene la facultad para dar seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos. Así como “implementar los procedimientos para investigar, determinar y sancionar las responsabilidades administrativas”.

Para esto revisará el desempeño de la ASE. Verificarán que este órgano haga una correcta revisión de las cuentas públicas y cumpla con detectar actos de corrupción en Puebla.

Advierten falta de revisión de cuentas públicas en Puebla

De igual manera, el Congreso del Estado aprobó los 317 informes individuales de los sujetos obligados, correspondientes al 2019. Así como 28 informes del 2018, los cuales eran parte del rezago de la ASE, heredado por el exauditor, Francisco Romero Serrano. Quien está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López señaló que estos informes debieron revisarse de nuevo. Esto pues Romero Serrano fue señalado por conflictos de intereses en la revisión de las cuentas.

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Y es que destacó que la nueva titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, no cumplió con la promesa hecha en mayo, cuando fue designada: analizar las acciones que haya realizado el anterior auditor.

Destacó que es una situación “preocupante” pues “no damos ninguna certeza a los entes fiscalizados”.

El pasado 16 de noviembre, Amanda Gómez dijo que el rezago heredado por Romero Serrano se remonta a 2010, y que aún están revisando a la anterior gestión, en busca de anomalías.

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