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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el dirigente nacional de Fuerza Por México, Gerardo Islas Maldonado gastó 34 millones de pesos del partido de manera ilegal, para pagar deudas a proveedores antes de su extinción.

El Tribunal rechazó el juicio presentado por el dirigente, donde pretendía impugnar el fallo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que le ordenó devolver este recurso.

El 29 de octubre del 2021, el Consejo General emitió un acuerdo donde exigió el regreso de 34 millones de pesos, además de que congelaron las cuentas del partido. Y es que el organismo electoral descubrió que Islas Maldonado, junto con el secretario de Administración, Pablo Gutiérrez Mondragón, emplearon el presupuesto, sin autorización del interventor.

Por ese motivo, la ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón determinó que el recurso fue empleado de manera ilegal para pagar deudas con proveedores. Esto cuando Fuerza Por México se encontraba en proceso de liquidación, tras perder su registro el 30 de septiembre del 2021.

De esa forma, el TEPJF rechazó por unanimidad la queja de Gerardo Islas. Ordenó a él, a Pablo Gutiérrez y a la secretaria general del partido, Alma Lucía Arzarluz Alonso, regresar los 34 millones de pesos o acreditar la legalidad de las transacciones. En caso de que no ocurra lo anterior, ordenaron al interventor de INE proceder legalmente.

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Gerardo Islas, a salto de mata

Desde mayo pasado, el INE fijo que Gerardo Islas debía entregar este recurso o justificar los pagos, pues de lo contrario se consideraría como desvío de recursos.

El periódico Reforma publicó que el ex diputado de Puebla estaba prófugo. Islas rechazó esto y aseguró que las finanzas de FXM eran sanas.

Basta con echar un vistazo a nuestras redes sociales para demostrar que esa es una total y absoluta mentira, pues en lo personal, no he parado de trabajar y recorrer el país en todo momento”, comentó.

En Puebla, el partido tampoco estuvo exento de irregularidades. Previo a las elecciones del 2021, empleados acusaron la falta de pagos por parte del entonces dirigente estatal, Rafael Moreno Valle Buitrón, quien también fue señalado de uso indebido de los recursos.

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