El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) requerirá más recurso para el periodo pre-electoral de Puebla que iniciará a finales de año, rumbo a los comicios del 2024. Por ello, pedirán más presupuesto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Según la nueva magistrada presidente, Idamis Pastor Betancourt, requieren al menos 10 trabajadores en cada ponencia. Entre ellos, secretarios y auxiliares, a quienes necesitarán a más tardar en noviembre.
Por eso es que ya analiza mantener un diálogo con el mandatario poblano y pedir una ampliación presupuestal. La idea es “tener en el Tribunal la fuerza suficiente y el personal suficiente para poder resolver todas las impugnaciones que nos estén llegando” durante el periodo pre-electoral de Puebla.
Tendríamos que hablarlo con el señor gobernador para que nos haga el favor de darnos una ampliación presupuestal para contratar más personas y que nos ayuden en las ponencias para resolver los medios de impugnación”.
En esta primera presentación ante medios de comunicación, la presidenta expuso que los casos por violencia política de género son una constante en la entidad poblana. Aunque no pudo detallar cuántas impugnaciones ha atendido el TEEP, explicó que tan solo ella resolvió siete quejas durante el 2022.
De igual forma, son siete los exfuncionarios poblanos que figuran en el “Registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género”. Quienes no pueden desempeñar algún cargo durante el tiempo que estén en este sistema.
El 13% de impugnaciones, por violencia política de género en Puebla
El pasado 2 de diciembre, la ex presidenta del TEEP, Norma Angélica Sandoval Sánchez, indicó que el 13% de las quejas recibidas fueron por violencia política contra funcionarias. Pues 60 de las 445 impugnaciones fueron atendidas con perspectiva de género.
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Explicó que la mayoría de las agresiones se ejercieron contra regidoras. A quienes los presidentes municipales no les quisieron pagar sus salarios y les impidieron asumir sus funciones.
Fue el caso del edil perredista de Tuzamapan, Omar Arteaga Ortigoza, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le fincó responsabilidades y emitió medidas de protección a favor de la afectada.
El presidente municipal impidió a una exregidora asumir su cargo por el ejercicio 2018-2021, debido a su origen indígena. En cambio, la obligó a lavar los baños del Ayuntamiento.
Tras haber denunciado esta violencia política, la camioneta de la funcionaria fue baleada, tras semanas de constante vigilancia que ella acusó posteriormente en los tribunales.
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