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La diputada del PT, Mónica Silva Ruíz, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para crear el Centro Estatal de Identificación Humana, que se dedicaría a reconocer los cuerpos de personas desaparecidas en Puebla.

La legisladora planteó una serie de modificaciones a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado, entre ellas, reformar el artículo 26, para fijar que la Comisión de Búsqueda. Además de trabajar para la identificación de personas con vida, incluya una búsqueda forense para la “identificación de cuerpos y restos humanos”.

En el artículo 2, se obligaría a la Comisión a “crear Centro Estatal de Identificación Humana como una unidad administrativa, con independencia técnico-científica”. En el 24, se fija que la Comisión de Búsqueda utilizará dicho cuerpo como herramienta, así como también podrá acceder al Centro Nacional de Identificación.

Además, se homologarían distintos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para definir las facultades y mecanismos del Centro Estatal de Identificación.

Una de estas adecuaciones, establece que la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionará “a la Comisión de Búsqueda, la información ministerial y pericial que ésta le solicite, tendiente a la búsqueda de personas con fines de identificación humana y entregar al Centro Estatal la información correspondiente”.

A su vez, la investigación forense de personas desaparecidas en Puebla deberá cumplirse en un plazo no mayor a 72 horas, y podría ampliarse hasta 144, dependiendo del caso.

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Puebla sería la quinta entidad con este mecanismo

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Mónica Silva expuso que existe una “crisis forense” que ha obstruido las tareas para reconocer los cuerpos de personas desaparecidas en Puebla y el resto del país.

Subrayó que Saltillo fue la primera entidad en crear un Centro de Identificación Humana en 2020, seguida de San Luis Potosi. En Jalisco y Tamaulipas ya iniciaron los trabajos, por lo que Puebla podría convertirse en la quinta entidad.

Acciones como estas, permiten fortalecer las acciones, mecanismos e instituciones, para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y a la sociedad en general: hechos que conlleva conocer los hechos constitutivos de delito y de las violaciones a derechos humanos de las que fueron objeto”.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y de Administración de Justicia y a la de Derechos Humanos para su estudio.

Durante 2021, el 55% de las mujeres desaparecidas en la entidad eran menores de edad, pues de 760 casos registraros, 425 eran por jóvenes cuya edad máxima era de 17 años, según el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim). En general, 630 desaparecidas —de todas las edades— fueron halladas con vida; 15 habían sido asesinadas, mientras que 115 aún no eran encontradas.

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