El diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, para tipificar como delito los matrimonios forzados en Puebla. Explicó que este hecho es conocido legalmente como cohabitación forzada, y se refiere a presionar o manipular a dos personas para vivir juntas.
En el dictamen de su reforma, el legislador expuso que la cohabitación también abarca a los matrimonios como el infantil, el cual, ya está penado. Y es que destacó que una de las características de dicha situación, es que uno de los contrayentes suele ser menor de edad.
Oswaldo Jiménez destacó que en abril del 2022, la Cámara de Diputados definió como delito la cohabitación forzada de dos menores de edad. Así como de personas que no tienen la “capacidad para comprender el significado del hecho” o de resistirse.
No obstante, resaltó que el Senado de la República aún no avanza con su aprobación. Sin embargo, el panista propuso una serie de modificaciones al Código Penal para castigar los matrimonios forzados en Puebla.
En el artículo 228 Bis, la cohabitación forzada es tipificada como delito en la entidad. Aplicará ante la unión de menores de edad “o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”. También, contra:
Quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años. Con el fin de convivir, en forma constante y equiparable, como si se tratase de un matrimonio”.
Quienes cometan este delito recibirían una pena de 8 a 15 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un monto de 103 mil 720 a 207 mil 440 pesos.
Pena por cohabitación forzada en Puebla podría subir
No obstante, este castigo contra los matrimonios forzados en Puebla subiría hasta en una mitad, “si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena”. Por lo que la pena de cárcel sería de 12 a 19 años y cinco meses.
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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
En junio del 2022, el PAN también presentó una iniciativa para que los gobiernos municipal y estatal elaboren medidas de protección contra el matrimonio infantil.
Se propone establecer “acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social”.
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