La diputada Nora Merino Escamilla propuso castigar en Puebla con hasta 10 años de prisión, a sicarios digitales que atenten contra las mujeres. Es decir, que roben o difundan información con el fin de causar algún daño o perjuicio a la víctima.
Respaldada por colectivas, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), presentó dicha iniciativa durante un desayuno la mañana de este 8 de junio. Acompañada por las activistas Norma Pimentel y Edurne Ochoa.
La presidenta de 33 mujeres, impulsa esta propuesta que trabajaron las colectivas al ser víctima de distintos tipos de violencia, a través de redes sociales desde hace más de dos años.
Edurne Ochoa sufrió el robo de su información personal y fotografías, que han servido para amenazarla a ella y a su hijo. Y aunque ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de Puebla no han tenido avances.
La propia diputada, Nora Merino también denunció ser víctima de granjas de bots, quienes a través de sus redes sociales la han atacado e insultado. Ambas víctimas han denunciado que existen personajes detrás de estas “campañas de odio”.
Mencionaron que, de ahí la necesidad de legislar sobre el tema en Puebla, para impedir que haya más víctimas de sicarios digitales.
Se entiende como sicariato digital a un tipo de ciberviolencia en donde la víctima sufre de hackeo, intervención, agresiones, intimidaciones o acoso a través de diversos medios electrónicos.
Merino Escamilla presentó tres reformas para poder castigar y sancionar este delito. La primera al Código Penal, a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
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Reforma contra sicarios digitales tipifica el delito de Informático entre Particulares
La iniciativa presentada por la diputada del PT en Puebla, Norma Merino Escamilla, además de castigar a sicarios digitales, crea el delito denominado “Delitos Informáticos entre Particulares”.
Con esto, se sanciona el hackeo, intervención, compra, venta, distribución de datos, imágenes, audios o videos de cualquier espacio digital sin su consentimiento.
Este delito se sancionará de tres a seis años de prisión y con una multa de mil a dos mil Unidad de Medida y Actualización; es decir hasta 207 mil 480 pesos.
Sin embargo, cuando la víctima sea menor de edad o mujer, o quien lo cometa sea un partido político, precandidato, candidato, servidor público o medio de comunicación, la pena se incrementará hasta dos terceras partes.
Mientras que, en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se amplía para que la violencia digital no sólo sea en contenido erótico o sexual. Además de incorporar el concepto de ciberviolencia política en contra de las mujeres.
Mientras que en la Ley Orgánica de la Administración Pública se le dan facultades para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implemente la Estrategia Estatal de Ciberseguridad.
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