Pese a que se comprometieron a aprobarlo, ahora el Congreso del Estado sigue analizando si impulsarán la regulación de anexos en Puebla, reforma propuesta por el exgobernador, Miguel Barbosa Huerta. Esto luego de que no pudo ser avalada en diciembre pasado.
El presidente del Poder Legislativo, Eduardo Castillo López indicó que él no podía comprometerse a una aprobación. Ya que las decisiones son tomadas por todos los coordinadores de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Por ello, en entrevista refirió que “estaremos revisando para dar puntual seguimiento y salida” a la regulación de anexos de Puebla, aunque no adelantó alguna fecha de discusión de la reforma.
Dijo que también estaba en análisis la tipificación de la violencia ácida, toda vez que no pueden acelerar ninguna votación sin una revisión profunda. Mencionó que en los próximos días podría reunirse con los diputados para impulsarla, cuando Aurora Sierra Rodríguez había estimado que se aprobaria en febrero.
La regulación de anexos quedó detenida en diciembre del 2022, cuando el Congreso del Estado no pudo aprobar la iniciativa completa de Miguel Barbosa. Debido a que primero deben hacer una consulta con el sector involucrado.
Únicamente, los legisladores avalaron una pena de uno a cuatro años de cárcel contra los encargados de centros de salud mental y anexos que incumplan las normas vigentes. La cual, también se aplicará cuando no tengan licencia de funcionamiento y no estén registrados ante el Comité Nacional contra las Adicciones.
A esto, se suma una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Equivalente a un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.
No obstante, la reforma de Miguel Barbosa planteó una modificación mucho más amplia para impedir abusos en centros de rehabilitación y dar una atención digna. Para lo cual, se cambiaba el concepto de “interno” por “paciente”.
¿Qué buscaba la regulación de anexos en Puebla?
Se contemplaba que el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) capacitara al personal de las clínicas de salud mental y de los anexos, en temas de Derechos Humanos y perspectiva de género. Además, la Secretaría de Salud haría revisiones para checar que estos estén en óptimas condiciones.
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Esto no pudo aprobarse en diciembre, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al Legislativo a realizar consultas con distintos sectores, en aquellas reformas que planean incidir en su organización.
Para cumplir con la regulación integral que se tenía planeada, el Congreso del Estado debe cumplir con la consulta. La cual, se suma a otras que tienen pendientes, como la relacionada a la Ley de Movilidad.
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