En noviembre próximo, el Congreso del Estado realizará las consultas que tienen pendientes con las comunidades indígenas, con personas que padecen problemas de salud mental y con colectivos de movilidad, para que las distintas reformas en la materia sean válidas, según informó la diputada local de Morena, Xel Arianna Hernández García.
Esto ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretara estas reformas del Congreso de Puebla como inconstitucionales por no escuchar a estos sectores.
La diputada local de Morena, Xel Arianna Hernández García indicó en entrevista que el Legislativo ha tenido reuniones cada viernes con el comité de organización de la consulta que va dirigida a las comunidades indígenas, ya que deben realizarlas antes del 3 de diciembre del 2022.
Aunque aseguró que hay un mayor plazo para el resto de las encuestas, precisó que la meta es aplicar todas durante noviembre, aunque en caso de ser necesario, podrán solicitar una prórroga.
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Las consultas se van a llevar antes, durante el mes de noviembre. El 3 de diciembre tenemos nosotros nuestro dictamen del límite. Sabemos que se le tiene que atender”, comentó.
Ante la obligación del Congreso de Puebla de realizar consultas, Xel Arianna Hernández expuso que están creando la Ley de Consulta para Personas Indígenas y Afroamericanas y Personas con Discapacidad, la cual definirá los mecanismos para estos procesos que son obligatorios para aprobar reformas dirigidas a dichos sectores de la población.
La diputada local precisó que, actualmente, esta ley solo existe en Oaxaca y San Luis Potosí. “Hoy, Puebla está teniendo su primera. Estamos trabajando en más de 72 artículos”, agregó Xel Arianna Hernández.
Las reformas que tendrán consulta
Actualmente, en Puebla está detenida la ejecución de dos reformas y la aprobación de una, debido a que la SCJN las decretó como inconstitucionales, pues fueron avaladas sin haber consultado a las poblaciones a las que iban dirigidas.
En junio pasado, la Corte invalidó una reforma del 2019 para la creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, así como una reforma a la Ley de Salud Mental, la cual, establece que las personas con problemas graves de salud mental pueden ser internados en psiquiátricos sin su consentimiento: una medida violatoria de los derechos humanos.
De igual forma, el Congreso del Puebla hará la consulta para Ley de Movilidad, para que los distintos grupos poblacionales sean escuchados, antes de discutir en comisiones esta reforma del gobernador Miguel Barbosa.
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