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Fue en un evento en el municipio de Huehuetlán El Chico cuando docentes de Ayoxuxtla abuchearon al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que recibieron un castigo.

Derivado a esto, la agrupación Redes Sociales Progresistas Magisteriales, acusó a la Secretaría de Educación de Puebla por cambiar de sedes, como forma de castigo, a por lo menos 200 docentes que habían participado en las manifestaciones pasadas.

Hay que recordar que, en las pasadas protestas, los docentes de Puebla exigían el incremento salarial que anteriormente había mencionado AMLO. 

Según docentes afectados, el día de hoy intentarían manifestarse durante la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.  

Pero la conferencia “Experiencias Exitosas de Gobierno”, que ofreció Sheinbaum, fluyó sin ninguna intervención, a pesar de que docentes de Puebla habían amenazado con manifestarse.  

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Protestas docentes 

Fueron maestros de la sección 51 del SNTE, quienes el pasado 21 de octubre encabezaron una manifestación en inmediaciones de Casa Aguayo. 

Al menos 5 mil personas participaron durante esta marcha, para exigir el pago del retroactivo al aumento salarial. En su inconformidad, también señalaron que no cuentan con ningún líder sindical que los pueda representar. 

Los docentes llamaron a esta manifestación “Marcha por la Dignidad”, pidiendo una respuesta, ya que los recursos se han destinados a otras entidades, pero no en Puebla, pues Barbos Huerta dice que no tiene el dinero. 

Desde inicios de este mes, los docentes estatales, comenzaron con su lucha para solicitar mismos beneficios que sus homólogos federales. Ya que la mañana del 15 de octubre cerraron la circulación vial del boulevard 5 de Mayo a la altura de la China Poblana. 

Gracias a las diferentes protestas, finalmente el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta, informó que a partir del 27 de octubre. Pagaría los retroactivos de enero a octubre a maestros de la sección 51 del SNTE.  Dicho pago, representa un egreso para el estado de 228 millones de pesos, según lo señaló la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro. 

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