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Los diputados locales le hicieron vacío a su compañera del PT, Mónica Silva Ruiz cuando presentó una reforma para reducir las sanciones contra las mujeres por aborto. La iniciativa busca que la pena máxima por abortar sean dos meses de servicio social.

Los diputados y diputadas abandonaron el Pleno del Congreso del Estado cuando la legisladora del PT hizo uso de la tribuna a fin de leer su propuesta de reforma.

En entrevista, la diputada del Partido del Trabajo (PT) acusó que desde hace un año se presentaron las iniciativas, junto con una reforma constitucional, a la Junta de Gobierno del Congreso. Sin embargo, los coordinadores de bancadas fueron “omisos” para cabildearlas.

Esto obligó a Silva Ruiz a presentarlas en el Pleno para que las turnaran a Comisiones, ante la resistencia política que existe en el Poder Legislativo. 

Al ver que no hay un avance significativo y escuchando las declaraciones de mi presidente en donde nos comparte que esperamos sorpresas. Es el momento perfecto para presentarlas de manera directa para que podamos empezar la discusión”.

A lo largo de las tres últimas legislaturas, diputadas han presentado iniciativas para despenalizar el aborto, mismas que fueron mandadas a la “congeladora”.

Sin quorum, diputados abandonan Pleno

El orden del día avanzó como estaba estipulado; en los últimos dos puntos, Mónica SIlva tomaría la tribuna para presentar sus iniciativas.

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Sin embargo, minutos antes, la mayoría de los legisladores abandonaron el Pleno, quedando solo 18 legisladores.

Los panistas solicitaron el pase de lista. Por lo que la presidenta de la Mesa Directiva dio por terminada la sesión, ante la negativa de la legisladora Tonantzin Fernández.

Legisladores de las diferentes fracciones, PAN, PRI y Morena abandonaron el Pleno, dejando sola a Mónica Silva Ruiz y sus propuestas.

Mientras tanto, colectivos feministas se manifestaron a las afueras de la sede del Poder Legislativo para exigir la despenalización del aborto.

¿De qué va la iniciativa de Mónica Silva?  

Mónica Silva presentó dos reformas, una al Código Penal y otra más a la Ley General de Salud.

Aunque no se presenta una despenalización del aborto, se reducen las sanciones en contra de quien cometa este “delito” de forma voluntaria.

Artículo 340. Se impondrán de quince días a dos meses de trabajo en favor de la comunidad a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las catorce semanas de embarazo”.

Mientras que a las personas que apoyen y la ayuden serán sentenciadas con 15 días a 2 meses de prisión. En tanto que la pena por aborto forzado se mantiene en 10 años de prisión.

En cuanto a la Ley de Salud, propone la inclusión del término de Interrupción Legal del Embarazo.

Con esto, se pretende garantizar la atención de las mujeres embarazadas que soliciten la interrupción de su embarazo.

Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y expedita, en condiciones de calidad, privacidad, trato digno, confidencialidad, y autonomía de la voluntad, en los supuestos permitidos en el Código Penal”.

Es decir, cuando son víctimas de una violación o se pone en riesgo la vida de la madre. Garantizando que ningún médico se pueda negar a practicar el aborto.

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