El próximo viernes 11 de febrero, el Pleno del Congreso de Puebla aprobará la creación de la Comisión de Control, Vigilancia, Control y Evaluación, que tendrá el poder de decidir la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano.
Sus integrantes serán los mismos que hoy conforman a la Comisión Inspectora y, casi todos ellos, estarán de acuerdo en dictaminar la destitución.
De los siete diputados que integran este nuevo órgano, tres pertenecen a Morena: Olga Lucía Romero Garci Crespo, Karla Victoria Martínez Gallegos y Eduardo Castillo López; en cambio, por parte del Partido Acción Nacional (PAN), estarán Oswaldo Jiménez López y Patricia Valencia Ávila; también, el representante del Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Rivera Reyes, así como Carlos Navarro Corro, por parte del Pacto Social de Integración (PSI).
En el caso del PAN el único que podría votar en contra sería Oswaldo Jiménez, quien lo ha hecho en casos similares al aludir que son temas políticos. Valencia, em cambio, pertenece al grupo de Eduardo Alcántara, su coordinador, quien ya se ha manifestado a favor de la reforma.
Todos ellos actualmente integran la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, la cual será convertida en la Comisión General de Control, adquiriendo así mayores facultades para vigilar el desempeño de la ASE.
De estos diputados, únicamente los panistas Oswaldo Jiménez y Patricia Valencia no están alineados al gobernador Miguel Barbosa Huerta. La más afín al mandatario poblano es la presidente, Olga Romero Garci Crespo, quien logró reelegirse como legisladora.
Una vez que la Comisión de Control decida sacar a Romero Serrano, la propuesta será turnada al Pleno. Uno de los argumentos para poner sobre la mesa la destitución del Auditor será el retraso en las cuentas públicas, según informaron a CENTRAL fuentes legislativas.
Comisión General de Control, con facultades para remover al auditor
El pasado miércoles, el Congreso local aprobó en comisiones un paquete de reformas complementarias a la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Barbosa para lograr la destitución del titular de la ASE, ante irregularidades o por un bajo desempeño en el combate a la corrupción.
La reforma a la Ley Orgánica del Congreso faculta a la Comisión para remover al auditor tan solo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión de la comisión.
“La Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción de la persona Titular de la Auditoría Superior del Estado por las causas graves establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y deberá́ dar derecho de audiencia al mismo. La remoción requerirá́ del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes”, señala el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
También se aprobaron reformas al Reglamento del Congreso local para fortalecer las labores de la Comisión de Control y Vigilancia, en las que incluso se les otorga un presupuesto aprobado por el Congreso e Instalaciones específicas.
“La Auditoría Superior del Estado de Puebla, depende directamente del Congreso del Estado, está bajo la supervisión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y contará, en función del presupuesto aprobado al Congreso del Estado, con las instalaciones adecuadas para su funcionamiento”, señala el numeral 241.
En los Transitorios se establece que la Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación, estará integrada por los mismos miembros de la Comisión Inspectora.
“La Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado estará conformada por los mismos integrantes de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado que cambia de denominación”, señala el transitorio segundo.
Los motivos contra Romero Serrano
El motivo para la destitución del titular de la ASE sería el rezago que hubo en la revisión de las cuentas públicas del 2018 y 2019, de sujetos obligados por el uso de recursos públicos. En septiembre del 2021, Olga Lucía Romero señaló que el retraso era de 658 informes individuales.
De acuerdo con su declaración, la Comisión Inspectora no pudo cumplir a tiempo con la tarea, ya que la ASE se había retrasado por distintos motivos, incluida la pandemia de coronavirus.
La misma diputada refirió, un mes después, que hasta finales del 2021 terminarían de checar las cuentas del 2018.
Sumado a esto, Romero Serrano tiene asuntos pendientes por otros conflictos. En junio del 2021, CENTRAL dio a conocer que inscribió a cinco de sus allegados al registro de auditores externos, pese a no cumplir con los requisitos de la convocatoria, con la finalidad de ser contratados por alguno de los 217 municipios para la revisión de las cuentas públicas.
En diciembre pasado, le fue girada una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, luego de que policías municipales de San Andrés Cholula presentaron una denuncia en octubre.
Lo anterior, como atención a una llamada de auxilio de su esposa Josselin Zurita, quien en su momento lo señaló de agredirla a ella, a su hijo y a una nana. Sin embargo, tras darse a conocer el caso, Josselin Zurita desistió de la acusación, acompañada de Romero Serrano.
Días después, el auditor solicitó un segundo amparopara evitar que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuviera, toda vez que el primer recurso salió a su favor.
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