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Para combatir la desigualdad que genera el sistema penitenciario, el Congreso local busca que los exreclusos de Puebla puedan acceder a programas sociales y, principalmente, vincularlos a fuentes de empleo. Esto con la finalidad de lograr una reinserción social positiva y evitar alguna reincidencia.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Castillo López propuso una serie de reformas a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del Estado, siendo la primera propuesta que se presenta en la actual Legislatura enfocada mejorar las condiciones de los reos.

Con una modificación al artículo 24, se plantea que el Estado “tiene la obligación de fomentar y promover la educación de las personas sentenciadas”, siendo esta la enseñanza básica, media y superior.

También, que “se desarrollarán constantemente actividades culturales y educativas, las cuales deberán tener perspectiva de género, respetar la diversidad cultural y lingüística y la integración de las personas con discapacidad”.

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En el artículo 58, se propone que el Ejecutivo estatal elabore programas para que los exreclusos de Puebla que regresan a la sociedad, sean apoyadas con empleos. Para esto, se plantea que:

Se deberá llevar un registro y programa de seguimiento para las personas que recuperar su libertad, con el fin de monitorear su situación actual, y ofrecerle los apoyos necesarios para lograr su estabilidad”.

De manera específica, se agrega el 48 Bis, para que la Secretaría de Trabajo estatal se coordine con otras dependencias, en la elaboración de convenios “para emplear a la población egresada de los centros penitenciarios, en trabajos dignos y equitativamente renumerados”.

Enfoque hacia las mujeres

En el caso de las poblanas que salgan de reclusión sin tener recursos o una vivienda a la cual llegar, las secretarías de Bienestar e Igualdad Sustantiva deberán brindarles albergue o algún programa especializado de asistencia social.

A su vez, en el artículo 21 se propone que las personas presas reciban talleres con perspectiva de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su evaluación.

En el dictamen, Castillo López expuso que es obligación del Estado aplicar mecanismos en las cárceles, que permitan a los exreclusos de Puebla reintegrarse a la sociedad de manera plena, con trabajo, educación, salud y hasta deporte.

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Debe ser así, debido a que “nos encontramos muy lejos de lograr una reinserción social efectiva”, principalmente para las mujeres, quienes enfrentan obstáculos laborales y educativos, considerando que, hasta 2020, egresaron 196 presas de penales en Puebla, quienes, en su mayoría, no contaban con muchas habilidades profesionales, conocimientos o redes de apoyo.

Explicó que poblanas recluidas en el CERESO de San Miguel han externado su preocupación por la falta de talleres al interior de dicho centro, pues apenas aprendían a elaborar cubrebocas con pinzas para colgar ropa, siendo actividades que “no les resultaron lucrativas”.

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