En los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla viven 23 mujeres con sus hijos, y, a pesar de esto, no todos los penales del estado garantizan la atención que requieren tanto las madres como los menores al interior de la prisión, documentaron el INEGI y la CNDH.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, publicada en diciembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detalla que 23 mujeres tienen hijos menores de 12 años viviendo con ellas al interior del centro penitenciario.
Sin embargo, en al menos tres centros penitenciarios, el de Tehuacán, Acatlán y Huauchinango, hay una deficiente atención a mujeres y los menores que viven con ellas, documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Puebla y su principal centro penitenciario en la capital, se han convertido en los últimos días en el foco de atención ante el caso del bebé Tadeo, un menor que falleció a los tres meses de nacido, fue enterrado en un panteón en la Ciudad de México y su cuerpo exhumado para traerlo al penal de San Miguel, donde fue encontrado en un bote de basura.
Se trata del mismo Centro de Reinserción Social donde se impidió el acceso a la organización civil Grupo Pro Niñez A.C. para apoyar a las mujeres privadas de su libertad y que tienen a sus hijos viviendo con ellas al interior de penal.
Desde hace años, los Ceresos de Puebla han sido mal evaluados por la CNDH en las diferentes revisiones que realiza, y en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, publicado en mayo de 2021, ubica a los penales con una calificación de 5.94 de 10 puntos posibles.
Hay 23 internas que tienen a sus hijos con ellas
El estado de Puebla tiene registrados 22 centros penitenciarios, aunque sólo se encuentran en funciones 19, pues el de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y no han sido sustituidos desde entonces.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 señala que en la entidad hay 23 mujeres que tienen a sus hijos viviendo con ellas en la prisión, 19 de ellas se encuentran en el Cereso de la capital, el conocido como San Miguel. En el resto de los casos, no se indica cuál es el penal en el que se encuentran las mujeres con hijos.
Las cifras difieren de las que se dan a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual reconoce que hasta enero de 2021 la entidad contaba con 18 menores al interior de centros penitenciarios y en diciembre del mismo año con sólo seis. En ambas fechas, se reportó que las niñas y niños tenían menos de cinco años.
La estadística de enero detalla que 11 menores se encontraban en el penal de San Miguel en la capital, dos en el de Huauchinango, y uno en los Ceresos de Cholula, Zacapoaxtla, Ciudad Serdán, Tepeaca y Tehuacán.
Mientras, el corte de diciembre de la Secretaría de Seguridad Pública indica que había seis menores, tres que vivían en los centros penitenciarios de Ciudad Serdán y uno en Huauchinango, Tepeaca y Cholula.
Ceresos de Puebla no garantizan atención a menores que viven en penales
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, publicado en mayo de 2021 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), evaluaron sólo seis de los 19 Ceresos de Puebla. En este ejercicio fueron considerados los de Tehuacán, Acatlán, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Tecamachalco y Zacatlán.
En promedio, por la evaluación que hizo la CNDH, los seis penales de Puebla obtuvieron una calificación de 5.94 puntos de los 10 posibles.
De la evaluación, destaca que, en los penales de Tehuacán, Acatlán y Huachinango, la CNDH detectó que hay deficiencias en la atención a mujeres y los menores que viven con ellas, aunque no se precisan las omisiones para su cuidado.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 no se evaluó el centro penitenciario de la capital, San Miguel, pero en 2021 se dio a conocer que las autoridades cerraron las puertas a la organización civil Grupo Pro Niñez A.C. que apoyaba a las mujeres y a los menores que vivían con ellas.
Tras darse a conocer la inconformidad de la organización civil, la Secretaría de Gobernación intervino para que miembros de la agrupación se reunieran con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rogelio López Maya y que se permitiera el acceso al penal de San Miguel.
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