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En los últimos meses, los políticos poblanos no se han salvado de la delincuencia cibernética. Una de las tendencias que más ha aumentado es el hackeo de cuentas de WhatsApp para extorsionar a sus contactos.

Los principales afectados han sido tres políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido de uno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una legisladora del Partido del Trabajo (PT). Todos los casos se dieron a conocer en sus redes sociales, alertando a sus allegados.

Sus cuentas de WhatsApp fueron utilizadas para difundir mensajes en los que, bajo distintas excusas, se pedía dinero a sus contactos, usurpando su identidad.  

El primera afectada fue la príista Rocío García Olmedo. El 5 de agosto del año pasado, la entonces diputada local informó que cualquier mensaje desde su teléfono formaba parte del robo de identidad, por lo que presentaría una denuncia.

El siguiente fue el diputado federal de Morena, Raymundo Atanacio Luna, quien el 25 de octubre informó sobre el delito. Pidió hacer caso omiso de cualquier mensaje, así como tomar capturas de pantalla y compartírselas.

También, exhortó a la gente a denunciar ante las autoridades cualquier intento de extorsión que sufran.

El 7 de diciembre, el ex gobernador de Puebla, Enrique Doger Guerrero, informó del hackeo, anunciando una denuncia contra los posibles responsables.

A principios de este 2022, la víctima fue el también ex mandatario poblano del PRI, Melquiades Morales Flores. Esta vez, fueron sus familiares quienes denunciaron el acto en las redes sociales. Precisaron que los extorsionadores pidieron dinero a los contactos para una “emergencia médica”.

La diputada local del PT, Mónica Silva Ruíz, ha sido la última afectada hasta el momento. El pasado miércoles dio a conocer el hackeo, donde a través de su WhatsApp solicitaron dinero por una “emergencia” de pago.

No hay legislación para robo de identidad en Puebla

Actualmente, en el Código Penal poblano no existe una sanción contra el delito de robo de identidad.

En 2020, el entonces legislador de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, presentó una iniciativa para imponer un castigo de hasta 12 años de prisión. En cambio, el Código Penal federal tiene una pena de uno a seis años de prisión.

En los últimos meses, el hackeo de cuentas de WhastApp ha ido en aumento. La verificación en dos pasos dentro de la aplicación, es una herramienta que puede inhibir este delito.