El gobernador Miguel Barbosa envió un paquete de iniciativas al Congreso del Estado con las que busca atender distintos problemas. Entre los principales, regular los centros de salud mental y los anexos que vigilen el bienestar de los pacientes y castigar con cárcel colocación irregular de propaganda.
Este paquete de cinco reformas también incluye una nueva Ley de Movilidad que obligue a la construcción de vías alternativas de traslado, como ciclovías.
También están contempladas reformas para establecer tarifas en honorarios de abogados, para que dichos profesionistas no se excedan en montos y estén obligados a cumplirle a sus clientes.
Además, Barbosa propuso en su paquete de iniciativas, cambios para que los notarios verifiquen el pago de las obligaciones, con el objeto de evitar algún fraude, y castigar irregularidades cometidas en los trámites.
Regulación de centros de salud y anexos
Dentro del paquete de iniciativas de Miguel Barbosa, está la modificación de la Ley de Salud Mental, para impactar positivamente tanto en la atención psiquiátrica de cualquier poblano, como en aquellos que están en un centro contra la adicción.
Con un cambio artículo 9, el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) obtendría la facultad de capacitar al personal de instituciones dedicadas a problemas mentales, en materia de derechos humanos y perspectiva de género. En el caso de los anexos, se permite que estos centros se encarguen de “vigilar la creación, así como el funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud mental y adicciones”.
A su vez, este centro podrá “informar a las autoridades competentes sobre el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables de los establecimientos de servicios de salud mental y adicciones, para que procedan a la investigación y sanción correspondiente”.
Además, el artículo 50 agrega que las instituciones públicas y privadas de salud mental y adicciones, estarán obligadas a evitar cualquier tipo de discriminación por discapacidad, privilegiando el respeto hacia los pacientes.
Cada centro deberá tener el personal necesario y capacitado para brindar una atención integral a los pacientes, así como apoyarlos conforme al tipo de padecimiento o grado de adicción que padezcan.
Para garantizar que estos centros cumplan con la ley, se propuso modificar el artículo 258 Bis del Código Penal, con la finalidad de castigarlos a los infractores con una pena de uno a cuatro años de prisión, así como una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que se traduce en un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.
Prisión, por la colocación irregular de estructuras publicitarias
En el paquete de iniciativas, el gobernador Miguel Barbosa propuso diversas modificaciones al artículo 198 del Código Penal estatal, para fincar nuevos tipos de delitos que se considerarán como daño ambiental. Se castigaría a quien “realice, encomiende, encargue o solicite, la construcción, instalación y/o colocación de estructuras que sustenten anuncios o publicidad, en áreas verdes urbanas, de jurisdicción estatal o municipal”.
De igual manera, sería delito pintar sin permiso cualquier propaganda en propiedades del gobierno o que estén bajo su cuidado, así como áreas de tránsito peatonal y corredores urbanos, como también se sancionará a quienes talen árboles para poner estructuras publicitarias.
A su vez, se procederá contra aquellos que hagan construcciones sin el permiso de impacto y riesgo ambiental, el cual, se expide tras haber realizado un estudio en la materia. Por estas acciones, se planteó una pena de dos a diez años de prisión y una multa de 30 a 2 mil UMAS, equivalentes a un monto de 2 mil 886 pesos a 192 mil 440.
Ley de Movilidad
En el paquete de iniciativas el gobernador poblano entregó su propia versión de la Ley de Movilidad que consta de 109 artículos que privilegian al peatón y a métodos alternativos de traslado, así como plantea nuevos ejes de diseño viales para peatones.
El artículo 60, destaca que los proyectos de infraestructura vial urbana deberán incluir “espacios para peatones y vehículos no motorizados, de calidad, cómodos, accesibles, seguros, directos, coherentes y atractivos”.
Se plantea la creación de un Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, integrado por el gobernador en turno, la Secretaría de Movilidad y los municipios, para coordinar los programas de movilidad de los poblanos.
En el 32, se define que habrá un Programa Estatal de Movilidad, cuya meta será conformación de políticas incluyentes que “mejoren las condiciones de viaje de los usuarios de acuerdo con los principios de esta Ley”. Este proyecto deberá ser actualizado cada seis años.
En el artículo 43, se define que cada programa de infraestructura y movilidad deberá realizarse con apoyo de la sociedad civil, misma que también contribuirá en planear los proyectos.
Van por tarifa para cobro de honorarios de abogados
Para la Ley de Aranceles, Miguel Barbosa planteó en el paquete de iniciativas, la creación de 35 artículos que definen los ingresos de los abogados, planteando un tabulador de honorarios, dependiendo del tipo de servicio prestado.
El artículo 25, señala que “los juicios civiles, penales laborales o equiparables que no tengan una cuantía determinada”, costarán hasta 2 mil 500 UMAS, es decir, hasta 240 mil 550 pesos, según la gravedad del litigio.
En el 17, se define que los análisis de documentos de hasta 10 hojas valdrán 5 UMAS, equivalentes a 481 pesos; por cada hoja extra se cobrará hasta el 5% de la cantidad ya señalada; por otro escrito de cualquier tipo, el monto será de entre 5 y 20 UMAS, que se traducen a una cantidad de 481 a mil 924 pesos.
Por citación, emplazamiento, requerimiento, notificación, diligencia de exhortos u oficios, será de hasta 20 UMAS, es decir, de mil 924 pesos; el desahogo de pruebas valdrá 100 UMAS, que equivalen a 9 mil 622 pesos.
Además, el artículo 14 estipula que el costo de copias certificadas y otros documentos serán independientes del pago de honorarios, por lo que “dichos gastos, previa autorización, serán cubiertos por el cliente”.
En cambio, los abogados se ven obligados a no cobrar cualquier procedimiento que haya sido formulado con errores.
Cambios a Ley de Notaria
Finalmente, en el paquete de iniciativas se plantea una reforma a la Ley de Notariado, propone en el artículo 112 que los notarios verifiquen la forma en que se realiza el pago de obligaciones, cuando se transfiera un inmueble o cualquier objeto de valor, con la finalidad de evitar algún fraude.
Además, en el 244, se plantea el retiro de la notaría al titular de la misma, en caso de que este ponga en venta dicho cuerpo y por incumplir con alguna de las fracciones del artículo 112, arriba citado.
A ello, se suma una modificación al artículo 244 Bis del Código Penal estatal, para imponer una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 100 a 500 UMAS, equivalente a un monto de 9 mil 622 a 48 mil 110, contra quienes tengan una notaría y no se desempeñen en el cargo.
También, por avanzar en algún procedimiento con “folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial o que los mismos no tenga una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notaria”, así suplantar a una persona, firma o sello, e incumplir el pago de impuestos y derechos.
Las iniciativas de Miguel Barbosa fueron turnadas a más de cuatro comisiones del Congreso, para que inicien los respectivos análisis y votaciones de manera individual.
dando clic en el periódico